La Contraloría General de la República puso en marcha una investigación, luego de que saliera a la luz un presunto uso indebido de aeronaves oficiales de la Policía Nacional por parte de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, actual jefa de gabinete del Ministerio del Interior que dirige Armando Benedetti.
Los hechos que motivan la indagación se remontan a los días 19 y 20 de junio de 2025, cuando Guerrero se habría desplazado en un avión y un helicóptero de la Policía hacia las ciudades de Valledupar y Aguachica, retornando luego a Bogotá. Según una denuncia ciudadana registrada bajo el radicado 2025ER0150249, dichos vuelos no contaban con una justificación oficial clara, lo que generó alertas sobre un posible uso indebido de recursos del Estado.
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La contralora delegada para el sector Defensa y Seguridad, Doris Pizarro, elevó formalmente una solicitud de información a la brigadier general Olga Patricia Salazar, responsable de la Aviación Policial, exigiendo explicaciones detalladas sobre los motivos de estos vuelos.
Entre los puntos requeridos se incluyen el soporte jurídico que ampara el uso de las aeronaves, los planes de vuelo, la relación de ocupantes a bordo, así como un informe pormenorizado de los costos asociados a cada trayecto.
Además, la Contraloría pidió confirmar si este apoyo aéreo fue solicitado en el marco del Convenio 400 de 2025, un acuerdo interinstitucional que, en teoría, regula el uso de recursos logísticos y operativos entre entidades del Estado. Si bien, dicho convenio podría justificar ciertos desplazamientos oficiales, la falta de transparencia y de documentación pública levantó suspicacias tanto dentro como fuera del Gobierno.
Pero, la Contraloría no se limitó a la Policía. También dirigió una solicitud formal a la Secretaría General del Ministerio del Interior, a cargo de Nancy Stella Patiño, para que explique cuál fue la finalidad institucional de los vuelos realizados por Guerrero.
En su requerimiento, la contralora delegada exigió especificar si estos desplazamientos correspondieron a labores oficiales y si contaron con la debida autorización administrativa.
La entidad de control va más allá e indaga si Juliana Guerrero ha hecho uso de otros apoyos aéreos en el pasado. Pide relacionar todas las fechas, los motivos de viaje y quiénes la han acompañado, con el fin de establecer si existe un patrón en la utilización de recursos públicos con fines personales o no justificados institucionalmente.
Pese a la férrea defensa del presidente Gustavo Petro, en la que manifestó que la funcionaria realizó una misión especial del Gobierno nacional, se conoció que Guerrero Jiménez no solo habría usado la aeronave de la institución para su vuelo a Valledupar, sino que habría utilizado un helicóptero donde habrían embarcado varios familiares y allegados cercanos con otros asuntos desde Valledupar hasta el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, según información revelada por la revista Cambio.
En diálogo con La FM, el director del medio de comunicación, Federico Gómez Lara, señaló que la misión especial que le encargó el Gobierno Petro a la funcionaria Juliana Guerrero en Valledupar obedecía al control de la Universidad Popular del Cesar.
“La verdad es otra: no hubo paz total, ni una misión secreta, ni fue un solo vuelo. Ese día, las hermanas Guerrero, además del avión, tuvieron a su servicio un cómodo helicóptero Bell 212 de la Policía para consolidar una ambición personal: tener el control absoluto de la Universidad Popular del Cesar”, señaló el periodista en la cadena radial mencionada.
A su vez, el director de Cambio indicó que desde abril de 2025, Guerrero había sido designada como representante del Gobierno para la Universidad Popular del Cesar que, según Gómez Lara, había iniciado la estrategia para tener el control del alma mater.
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