Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la situación de seguridad para los integrantes de la fuerza pública ha sufrido un preocupante deterioro, evidenciado en el creciente número de secuestros contra policías y militares en distintas regiones del país.
De acuerdo con cifras oficiales conocidas por Semana, más de 100 integrantes de la fuerza pública han sido secuestrados desde 2022, en su mayoría en zonas controladas por grupos armados ilegales.
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El repunte más dramático se ha registrado en lo corrido de 2025, contabilizando hasta la fecha 60 militares y 30 policías secuestrados. Esta cifra supera las registradas en años anteriores: en 2022 se reportaron 12 secuestros de uniformados; en 2023, fueron 9 militares y 6 policías; y en 2024, se sumaron 7 militares y 3 policías retenidos.
La escalada de secuestros en 2025 ha estado directamente relacionada con las asonadas promovidas por disidencias armadas, particularmente las estructuras de alias Iván Mordisco y del ELN.
En muchos casos, las comunidades han sido utilizadas como escudos o instrumentos de presión contra la fuerza pública, impidiendo la acción legal y facilitando la retención de los uniformados.
El caso más grave: Cauca, epicentro de las retenciones masivas
Uno de los episodios más alarmantes del año se registró en junio en el municipio de El Tambo, Cauca, donde 57 militares fueron secuestrados por la comunidad. Según informes militares, los uniformados se encontraban realizando labores de control territorial cuando fueron alertados sobre la presencia de presuntos integrantes de las disidencias de las Farc.
Durante el intento de captura de los sospechosos, los pobladores rodearon a las tropas, impidieron el procedimiento legal y protagonizaron una asonada que terminó en el secuestro masivo de los militares. Este caso se sumó a otro incidente en marzo del mismo año, cuando 28 policías fueron retenidos en una situación similar en la región de El Plateado, también en el Cauca.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció en su momento que la comunidad habría actuado bajo presiones de los grupos armados ilegales. “Desde el presidente Petro hasta todos los organismos humanitarios, hemos insistido en el diálogo, pero esta estructura persiste en su accionar violento”, señaló el ministro, aludiendo a las disidencias de las Farc como responsables directos de incitar a la población contra la fuerza pública.
Es preciso mencionar que las cifras reveladas al medio citado corresponden a un consolidado interno de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que monitorean las afectaciones a sus efectivos en todo el territorio nacional.
Además del Cauca, otros departamentos con alta incidencia de secuestros incluyen Arauca, Norte de Santander, Nariño y Putumayo, regiones golpeadas por el conflicto armado y donde la presencia del Estado es débil o contestada por actores armados ilegales.
Las denominadas “asonadas” se han convertido en una estrategia frecuente, donde la comunidad actúa como primera línea de defensa de los intereses de las organizaciones armadas.
El más reciente caso de secuestro
En esta línea, el Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó el secuestro de dos agentes adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional en el departamento de Arauca.
El secuestro se produjo el 20 de julio de 2025, cuando los uniformados se desplazaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, una zona caracterizada por la presencia de grupos armados ilegales.
Según informó el propio ELN a través de un comunicado divulgado en sus canales habituales, los agentes fueron interceptados por hombres armados durante una operación que el grupo calificó como “acción de control territorial”.
En el mensaje, la organización asegura tener en su poder a los policías, identificados como el subintendente Franki Esley Hoyos Murcia, con 17 años de servicio en la institución, y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, quien acumula más de una década en la fuerza pública.
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