La aparición de un grupo de jóvenes que aseguró pertenecer a La Inmaculada y se declaró bajo las órdenes de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, marcó un nuevo episodio en las discusiones sobre la política de paz en el país.
Y es que este colectivo, compuesto según sus declaraciones por alrededor de 300 menores de edad, solicitó al Gobierno de Gustavo Petro que se les permita entablar comunicación directa con su líder, actualmente privado de la libertad en Bogotá.
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Según explicaron en W Radio, la solicitud se produjo a través de un video en el que los jóvenes se dirigieron directamente al presidente, expresando su disposición a abandonar las armas y reincorporarse a la vida civil, bajo la condición de contar con el acompañamiento de alias Pipe Tuluá como garante del proceso.
Los implicados consideraron imprescindible establecer un canal de diálogo permanente con su jefe para avanzar en su desmovilización, equiparando sus pedidos a los beneficios y garantías concedidas en procesos de paz con otros grupos armados.
Los voceros de este grupo se autodefinieron como menores de edad, insistiendo en que acatan las directrices de su líder y reclamaron al Ejecutivo una comunicación “fluida y constante” con él, lo que requeriría que se revisara el régimen de reclusión del cabecilla.
La alocución empleó un tono formal y se fundamentó en argumentos de “esperanza” y defensa de “derechos fundamentales”, aunque evitó cualquier referencia a delitos cometidos, eludiendo así el reconocimiento de responsabilidades por actividades atribuidas a la estructura.
Y es que la estructura criminal conocida como La Inmaculada u Oficina de Tuluá ha sido identificada por las autoridades como una de las principales organizaciones delictivas del Valle del Cauca, implicada en homicidios, extorsiones y narcotráfico. Su líder, Andrés Felipe Marín Silva, fue capturado en 2023 y continúa recluido en un establecimiento de alta seguridad.
Hasta el momento, el Gobierno no ha confirmado la existencia de conversaciones formales con este grupo. Sin embargo, la aparición pública de estos jóvenes armados y su exigencia de trato político contribuyó a reabrir el debate sobre los alcances y limitaciones de la estrategia de Paz Total promovida por el presidente Gustavo Petro.
Dicho caso expone las dificultades y dilemas que enfrenta el Ejecutivo frente a organizaciones criminales que buscan equipararse a actores armados tradicionales mediante exigencias de reconocimiento y garantías en eventuales procesos de sometimiento o diálogo.
La solicitud, que implica modificar el régimen penitenciario de un condenado para facilitar su participación como mediador, plantea preguntas sobre la viabilidad legal y la seguridad, así como sobre el impacto en la política de paz pública.
Alias Pipe Tuluá, uno de los criminales más peligrosos en Colombia
Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá, nació en Tuluá, Valle del Cauca, y comenzó su andadura criminal como sicario y cobrador de extorsiones para Los Rastrojos en Quindío bajo las órdenes de alias “Ballena”.
En 2010, Marín Silva fue capturado por concierto para delinquir y extorsión, y tras su traslado a Tuluá pasó a integrar La Inmaculada, inicialmente liderada por alias Porrón. Cuando la Policía cercó a Porrón, Pipe asumió el mando de la organización.
Entre 2011 y 2017, “Pipe Tuluá” ordenó unos 46 homicidios, de los cuales al menos 39 fueron ejecutados por sicarios a su mando, incluyendo asesinatos violentos, desmembramientos y atentados con granadas en municipios como Tuluá, Armenia, Popayán y La Tebaida.
A pesar de estar preso desde 2015, Pipe ha mantenido control absoluto de La Inmaculada, coordinando extorsiones, microtráfico y violencia selectiva incluso desde cárceles como La Picota e Ibagué, usando redes wifi clandestinas y celulares que corrompían al personal penitenciario.
En 2022, Marín Silva fue condenado a 30 años de prisión por múltiples delitos incluidos homicidios, secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado. En junio de 2025, el Gobierno colombiano aprobó su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, lo que desató disturbios en Tuluá – quema de vehículos, toque de queda y cierre de gasolineras.
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