El descubrimiento de un campamento oculto en la zona rural de Lloró, en el departamento del Chocó, marcó el inicio de una operación militar que, según informó el Ejército Nacional, permitió afectar la capacidad del Frente Manuel Hernández El Boche del GAO ELN.
Las tropas, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, ingresaron al área y localizaron una instalación que servía de base logística y centro de mando para actividades criminales de la organización insurgente.
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De acuerdo con información oficial, durante el despliegue se hizo efectiva la desmovilización voluntaria de dos miembros del grupo armado ilegal, quienes permanecían al interior del campamento.
Este procedimiento, valorado como un resultado operacional relevante, se dio en medio del hallazgo de equipamiento esencial para la operatividad del GAO ELN.
Así como lo explicó el brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Décima Quinta Brigada: “se logra ubicar un área campamento del ELN frente Manuel Hernández El Boche, en la cual se tenía usualmente el tránsito de personas secuestradas, así como también un sitio de capacitación y se ubicó propaganda, libros y entre ellos la historia del antes por parte del ELN, en la cual el cabecilla actual, Antonio García, da su narrativa para hacer el transbordo de todas las comunidades de esta zona".
Entre los elementos incautados figuraban cuatro escopetas, dos armas cortas, dos miras holográficas, dos radios de comunicación, dos drones, tres plantas amplificadoras de radiodifusión, una planta eléctrica, trescientos metros de mecha de seguridad, ropa militar y hamacas, lo que para las autoridades representa un debilitamiento en la logística del grupo.
El Ejército Nacional detalló que la ubicación estratégica del campamento servía también como plataforma para cometer crímenes, ejercer presión sobre la población civil y transmitir mensajes de propaganda.
Dentro del sitio, las fuerzas de seguridad descubrieron una emisora clandestina en pleno funcionamiento y una colección de panfletos, utilizados por el GAO ELN para “difundir propaganda ideológica revolucionaria y adelantar actividades de reclutamiento forzado de menores de edad, lo que representa una grave violación a los derechos humanos y una flagrante infracción al derecho internacional humanitario”.
Durante el operativo, los responsables de la vigilancia militar también identificaron en la zona a Jhon Fredy Hinestroza, alias el Flaco o Junior, y a Cristian Martínez, quienes consiguieron escapar antes de las capturas.
Ambos serían los presuntos responsables del asesinato de un conductor de servicio público el 4 de junio de 2025 en la zona urbana de Lloró, hecho que generó rechazo entre los habitantes y evidenció el impacto del accionar delictivo del frente armado en la cotidianidad de la comunidad, según información del Ejército.
La operación, caracterizada por la peligrosidad del entorno y la presencia de minas antipersonal, puso de manifiesto los riesgos enfrentados por los uniformados. Un soldado resultó lesionado en una pierna debido a un artefacto explosivo improvisado; el herido fue atendido y evacuado por personal sanitario de inmediato, como confirmó el Ejército Nacional.
“Sin embargo, tenemos la afectación a uno de nuestros soldados, el cual pisa una mina. Y pierde el pie derecho. Dentro de este uso de medios y métodos de guerra ilícitos que realiza el ELN. Aquí, en el departamento del Chocó, infringe todas las líneas del Derecho Internacional Humanitario y los derechos Humanos”, agregó el alto oficial.
La incautación de la emisora ilegal y el material de comunicación también afectó la estructura de propaganda del grupo armado. La estrategia comunicativa del GAO ELN, basada en la transmisión de mensajes ideológicos y proselitismo armado, tenía como objetivo influir en la opinión de la población y fortalecer su capacidad de reclutamiento, sobre todo de menores de edad.
Según el comunicado del Ejército Nacional, estos procedimientos constituyen “una grave violación a los derechos humanos y una flagrante infracción al derecho internacional humanitario”, afectando de manera directa a los sectores más vulnerables del departamento.
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