La Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) se refirió a la propuesta del Gobierno nacional de establecer un precio diferencial para el diésel (Acpm) en vehículos particulares, diplomáticos y oficiales. En esta, el gremio mostró la inquietud que recorre a las más de 6.400 estaciones de servicio del país ante el proyecto que busca reducir el déficit fiscal generado por el subsidio a este combustible, pero que podría acarrear distorsiones económicas y operativas de gran magnitud.
La iniciativa, impulsada por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, se materializó en un borrador de decreto que plantea desmontar el subsidio al diésel para automóviles, camionetas, camperos y cuatrimotos que no sean de carga ni de transporte público. El objetivo central es aliviar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que en 2024 alcanzó los $10,6 billones y, de no mediar correctivos, podría sumar otros $8,1 billones en 2025 solo por el subsidio al diésel.
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El proyecto contempla que el ajuste de precios se aplique inicialmente en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde se concentra el 72% del parque vehicular objetivo y el 37% del consumo de este tipo de diésel. Además, la medida se extendería a municipios seleccionados de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Dicha segmentación geográfica y por tipo de vehículo generó aún más incertidumbre en el sector, que cuestiona la viabilidad de operar con precios diferenciados en función de la ubicación y el uso del vehículo.
Imposibilidad de aplicar la medida
Al respecto, el presidente del Comce, David Jiménez Mejía, insistió en la imposibilidad de aplicar el esquema propuesto en las condiciones actuales: “El diésel se compra hoy a un precio único en las plantas mayoristas. ¿Cómo se supone que una estación venda a dos precios distintos? ¿Cómo controlar qué cliente usa qué vehículo y cuánto consume?”, cuestionó el dirigente en diálogo con El Colombiano.
La inquietud se fundamenta en la ausencia de herramientas tecnológicas y procedimientos claros que permitan identificar el tipo de vehículo y aplicar el precio correspondiente en cada transacción.
El antecedente más cercano que alimenta el escepticismo del gremio se remonta a septiembre de 2024, cuando el Gobierno decretó un aumento súbito de más de $1.900 por galón (aproximadamente 502 pesos por litro) en plena madrugada de un sábado. La medida, revertida días después tras el paro camionero, dejó a muchas estaciones con inventarios adquiridos a precios elevados que debieron venderse por debajo del costo, lo que, según el Comce, generó pérdidas superiores a los $20.000 millones.
“El Gobierno revirtió un aumento del diésel de más de $1.900 por galón luego de haberlo decretado un sábado en la madrugada. Muchas estaciones compraron a mayor precio y luego tuvieron que vender por debajo del costo, generando pérdidas por más de $20.000 millones”, recordó Jiménez Mejía a El Tiempo.
Zonas priorizadas o diferenciadas
El borrador del decreto también introduce la figura de “zonas priorizadas o diferenciadas”, lo que implica que en ciertas regiones del país el precio del diésel variaría según el tipo de vehículo. Esta diferenciación, lejos de aportar claridad, fue recibida con preocupación por el gremio.
“Desde el gremio de las estaciones de servicio vemos con preocupación la creación de estas zonas priorizadas o diferenciadas. Esto implicará que en ciertas regiones habrá un precio determinado por galón de diésel y en otras, un precio diferenciado que dependerá del tipo de vehículo”, afirmó Jiménez Mejía.
El dirigente resaltó que, mientras no exista una resolución del Ministerio de Minas y Energía que reglamente el procedimiento dentro de la cadena de distribución, la propuesta carece de efectos prácticos y jurídicos.
Colombia se ahorrará más de $300.000 millones
El Ministerio de Minas y Energía, por su parte, defendió la medida como un paso necesario para avanzar en la justicia fiscal y ambiental. El ministro Edwin Palma Egea explicó que la eliminación del subsidio al diésel para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales busca proteger a los sectores más sensibles de la economía, como el transporte de carga y la producción de alimentos, para evitar impactos inflacionarios.
“Así como ya desmontamos el subsidio a la gasolina, ahora lo vamos a hacer con el diésel, protegiendo a los vehículos de carga, la producción y el transporte de alimentos, para evitar efectos inflacionarios. La ciudadanía debe acompañarnos. Son $300.000 millones, que, con solo esta medida al año, podemos ahorrarnos todos los colombianos porque esto es del Presupuesto General de la Nación”, dijo el funcionario.
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