Una mujer de nacionalidad colombiana declaró ante un tribunal de Malta que un hombre que facilitó su viaje, el de su hermana y el de su tía al país europeo bajo la promesa de trabajar como acompañantes.
Sin embargo, todo dio un giro inesperado, porque el hombre que, en apariencia daba confianza, les exigió favores sexuales como forma de pago por los gastos de viaje.
La denuncia hace parte de un proceso en curso contra Damiano Nicastro, acusado de trata de personas con fines de explotación sexual, violencia y coacción, indicó un informe de Malta Today.
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Las víctimas, identificadas en el proceso judicial como la tía y sus dos sobrinas, relataron que, tras su llegada a Malta en febrero del año anterior, acordaron trabajar como escorts y realizar labores de limpieza.
Parte de sus ingresos debían ser transferidos a Nicastro y a un hombre identificado solo como “Paolo”, y que se encargaba de recoger los pagos personalmente.
Según el testimonio de una de las mujeres, “Paolo” le exigía mantener relaciones sexuales como forma de saldar la deuda por los vuelos y los gastos del viaje. La víctima aseguró que estas situaciones ocurrieron en al menos cuatro ocasiones.
Se quedaron con los pasaportes de las colombianas para que no pudieran escapar
Las mujeres también revelaron que Nicastro y “Paolo” les pidieron sus pasaportes argumentando que los necesitaban para tramitar permisos de trabajo para labores de limpieza.
Una vez que entregaron los documentos, comenzaron las amenazas: les exigieron 10.000 euros para devolverles los pasaportes, señaló el mismo medio local.
Al no poder reunir la suma completa, recibieron mensajes intimidatorios advirtiendo que de no pagar serían localizadas y agredidas.
La situación se agravó a medida que las amenazas continuaron y las víctimas quedaron sin dinero.
Colombianas en Malta denunciaron
Al verse entre la espada y la pared, las connacionales buscaron protección acudiendo a la policía.
El caso se encuentra bajo la supervisión de la magistrada Donatella Frendo Dimech.
Como parte del proceso, la Fiscalía está representada por la procuradora Valentina Cassar, mientras que los abogados Nicholas Mifsud, Lara Dimitrijevic y Stephanie Caruana asumen la defensa y representación de las partes involucradas, en un caso que ha dejado de nuevo en evidencia cómo se mueven las redes de trata de personas, y que ven en las mujeres jóvenes a sus víctimas predilectas.
Dos colombianas fueron capturadas en Malta: pero por sobrepasarse con la autoridad
Dos ciudadanas colombianas fueron llevadas ante la justicia en Malta tras protagonizar un altercado en la zona de ocio nocturno de Paceville, en la calle St George’s Road, uno de los sectores más turísticos de la isla.
El incidente tuvo lugar en la madrugada del 7 de julio de 2025, cuando ambas mujeres sostuvieron una discusión con el portero de una discoteca. El enfrentamiento subió de tono hasta convertirse en una disputa física que requirió la intervención de la policía.
Durante la audiencia celebrada el 8 de julio, la policía informó que intervino para evitar que el conflicto escalara.
Según los hechos presentados ante el tribunal, Maribel Piedrahita Serna, de 25 años, respondió de manera agresiva cuando los agentes solicitaron su identificación, gesticulando de forma ofensiva, insultando y desobedeciendo órdenes policiales, lo que derivó en su detención.
Su acompañante, Katherin Vanessa Torres Castaño, de 19 años, golpeó a una agente al intentar intervenir en el procedimiento, por lo que también fue arrestada.
Las acusaciones contra Piedrahita Serna incluyeron agresión, amenazas e insultos a la policía, alteración del orden público y ebriedad en espacio público.
La joven en principio se mostró dubitativa frente al tribunal respecto a su declaración, pero tras la advertencia de la jueza sobre la posibilidad de enfrentar una condena de hasta dos meses de prisión y una multa de entre 1.200 y 7.500 euros, decidió declararse culpable.
El fiscal y la defensa recomendaron una sanción cercana al mínimo legal y una condena condicional, teniendo en cuenta el contexto de la riña.
Al final, el tribunal impuso a Piedrahita Serna una condena de dos meses de prisión, suspendida por un año, y una multa de 1.200 euros, que tuvo que ser abonada de manera inmediata bajo la advertencia de que el impago conllevaría privación de libertad.
Además, la policía de inmigración quedó encargada de su expulsión tras el proceso, en función del pago de la multa.
En el caso de Torres Castaño, la joven fue acusada por los mismos delitos, además de causar lesiones leves a una agente. Ella se declaró inocente.
Su abogada solicitó libertad bajo fianza, pero el fiscal se opuso argumentando riesgo de fuga, ya que Torres Castaño afirmó estar en Malta por turismo. Ante esto, el tribunal negó la libertad provisional y ordenó su detención mientras continúan las audiencias y la toma de testigos, incluido el portero que originó el conflicto.
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