El miércoles 30 de julio, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes realizará un debate de control político a la canciller (e) Rosa Yolanda Villavicencio, con el fin de que el Gobierno explique las medidas adoptadas para evitar un posible desabastecimiento de pasaportes en Colombia.
La preocupación se centra en el incierto panorama que deja el cambio de contratista para la producción de este documento clave, tras el anuncio de que el actual contrato con Thomas Greg & Sons finalizará el 31 de agosto de 2025 y será reemplazado por un convenio con la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal.
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El detonante del debate fue la suscripción del nuevo convenio por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin que hasta ahora se hubiesen hecho públicos los estudios técnicos y documentos precontractuales que exige la ley de contratación estatal. Esta situación encendió las alarmas de varios congresistas y de la Procuraduría General de la Nación, que cuestionan la legalidad, la preparación y la viabilidad del nuevo esquema.
A través de su cuenta en la red social X, el representante Juan Espinal, del partido Centro Democrático y uno de los promotores del debate, manifestó su preocupación y criticó la capacidad de la Imprenta Nacional para asumir una responsabilidad de esta magnitud: “Este Gobierno no tiene la capacidad de construir sobre lo construido (…) la Imprenta Nacional no tiene la capacidad técnica ni los recursos económicos y de talento humano para enfrentar esta responsabilidad tan importante en nuestro país”.
Cuestionario y temas del debate
En el cuestionario enviado oficialmente a la canciller encargada, la Comisión Segunda plantea tres ejes principales para el debate: gestión en la expedición de pasaportes, seguridad tecnológica del documento y aspectos presupuestales.
Entre las preguntas formuladas se destacan:
- ¿Cuál es el tiempo promedio de expedición de un pasaporte ordinario y cómo se ajusta a estándares internacionales?
- ¿Qué medidas se han tomado para reducir los tiempos de espera y mejorar la cobertura regional?
- ¿Qué características de seguridad se implementarán en los nuevos pasaportes?
- ¿Existe un cronograma para la implementación de pasaportes electrónicos o con tecnología NFC?
- ¿Cuál es el presupuesto disponible y cómo se está ejecutando?
La advertencia de la Procuraduría
El Ministerio Público expresó en un comunicado oficial que existen riesgos significativos en la prestación del servicio de expedición de pasaportes debido a la falta de claridad en el proceso de transición.
“Esta situación genera un alto riesgo de desabastecimiento, considerando que no se ha definido con claridad quién asumirá la prestación del servicio a partir del 1 de septiembre de 2025”, señala el documento.
Además, la Procuraduría cuestionó que los estudios previos conocidos fueron elaborados para contratar a un aliado internacional, no a la Imprenta Nacional, entidad que finalmente firmará el contrato: “Se conocen unos estudios previos elaborados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar con el aliado público internacional. Sin embargo, el convenio indica que la contratación la realizará la Imprenta Nacional de Colombia”.
Sumado a esto, también se evidencian vacíos sobre la figura administrativa que firmó el convenio, pues fue suscrito por la secretaria general (e) y no por la ministra titular de Relaciones Exteriores, como lo exige la jerarquía administrativa para estos casos.
Riesgo de crisis institucional
La expedición del pasaporte no solo es una función administrativa, sino un servicio esencial para garantizar el derecho a la identidad y a la movilidad de los ciudadanos. Una eventual interrupción o colapso en su suministro afectaría directamente a miles de colombianos, tanto dentro como fuera del país.
La falta de claridad en la contratación, los vacíos en los estudios técnicos y la ausencia de información pública sobre el proceso agravan la incertidumbre yla desconfianza ciudadana en la capacidad del Estado para planificar y ejecutar transiciones institucionales con responsabilidad.
Por ahora, la Procuraduría anunció que continuará con la vigilancia sobre este proceso y que tomará las medidas necesarias para evitar una crisis.
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