Abogado de Sanitas lanzó fuerte crítica al Gobierno Petro por intervención a la EPS: “Infunde temor en aquel extranjero que piense invertir en el país”

La relación entre el Gobierno y el sector privado de la salud atraviesa uno de sus momentos más tensos tras el reciente fallo de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional la intervención de la EPS Sanitas.

En medio de esta coyuntura, el abogado Juan David Riveros, representante legal en Colombia del grupo Keralty —propietario de Sanitas—, ofreció una entrevista a El Espectador en la que expuso la postura de la entidad frente a las acusaciones del presidente Gustavo Petro y detalló los pasos jurídicos que seguirán tras la decisión de la Corte y señaló los efectos que la intervención gubernamental ha tenido sobre la empresa, sus usuarios y el clima de inversión en el país.

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El presidente Gustavo Petro acusó públicamente a los dueños de Keralty de apropiarse indebidamente de recursos públicos del sistema de salud, aunque, hasta la fecha, ninguna autoridad judicial ha probado esos hechos.

Para Riveros, estos señalamientos no solo carecen de respaldo en los estrados judiciales, sino que constituyen una campaña de estigmatización.

“No se trata solo de una compañía, es el respeto que las autoridades del Estado deben reconocerle a los particulares. Acudimos a la justicia porque es el camino legítimo en un Estado de derecho, sobre todo ante posibles violaciones a derechos de terceros”, asegura el abogado.

El representante de Keralty advirtió que los mensajes del presidente Petro han generado inquietud entre los inversionistas internacionales.

“Es un mensaje que infunde temor o por lo menos genera múltiples inquietudes en aquel extranjero que piense invertir en el país”, sostuvo Riveros, y añadió que el ambiente hostil hacia el sector privado ha estado acompañado de decisiones desarticuladas y de corte ideológico más que técnico.

El contexto de los últimos tres años, según el abogado, muestra una política de debilitamiento del sistema de aseguramiento en salud, marcada por medidas improvisadas y una creciente hostilidad hacia las empresas privadas del sector.

En ese sentido, Sanitas interpuso una denuncia ante la Comisión de Acusación del Congreso por los delitos de discriminación y calumnia, con la expectativa de que esa instancia valore los argumentos presentados y reconozca la afectación a bienes jurídicos protegidos penalmente.

La defensa de Keralty anunció que acudirá a instancias internacionales ante lo que considera atropellos por parte del Gobierno. Riveros confirmó la intención de recurrir a la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU como un mecanismo adicional de protección.

Simultáneamente, la multinacional inició un proceso arbitral internacional, reclamando una indemnización que podría alcanzar los 1.200 millones de dólares. El abogado afirmó que las pruebas aportadas incluyen la sentencia de la Corte Constitucional, al considerar que la intervención presidencial fue arbitraria y desproporcionada.

“El arbitraje no es un acto de confrontación con el país, sino una defensa legítima de nuestros derechos como inversionistas y de la preservación del Estado de derecho en Colombia”, argumentó Riveros.

La decisión de la Corte Constitucional establece que la intervención sobre Sanitas vulneró el debido proceso y marca un hito dentro del marco jurídico de las entidades intervenidas.

Para Riveros, la medida provocó graves afectaciones económicas, reputacionales y operativas. “Se alteraron las dinámicas financieras de la EPS, los tiempos de pago a la red prestadora se triplicaron, la red de atención se desorganizó y el valor de la compañía se erosionó”.

A esto se suma la dificultad para acceder a información completa sobre la operación, que aún permanece bajo el control del interventor designado por la Superintendencia.

Informes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y de la Contraloría General advierten deterioro en la red prestadora, demoras en pagos y caída operativa importante. Solo con el restablecimiento de la administración legal será posible realizar un diagnóstico interno para determinar el verdadero estado de la entidad.

Durante la intervención, el manejo estratégico y operativo de la EPS Sanitas recayó en el interventor asignado por la Superintendencia de Salud bajo los lineamientos del Gobierno, sin participación del equipo administrativo legítimo.

Riveros sostiene que esto generó una desconexión entre quienes conocían la operación diaria y quienes ejercían el control, lo que se tradujo en retrasos de pagos, debilitamiento de la red de atención y una administración lenta e ineficiente.

Los informes externos coinciden en señalar que las consecuencias más claras se presentaron en los usuarios, con aumento de tutelas, quejas recurrentes y deterioro en la calidad del servicio.

“Las afectaciones se reflejan en hechos concretos: aumento de tutelas, quejas por demoras y dificultades en el acceso a servicios básicos. Esto ha sido señalado por gremios del sector y entes de control”, apuntó el abogado.

Ante esa realidad, la estrategia de Keralty ha sido responder con recursos jurídicos, sin entrar en confrontaciones personales y reafirmando el compromiso con las reglas del juego institucional.