El testimonio de Cristian Camilo González, el sexto y más reciente capturado por el atentado contra Miguel Uribe Turbay, ha sacudido a las autoridades y a la opinión pública al confirmar sospechas sobre otros intentos sicariales y atentados contra representantes políticos y sociales.
“Chipi (el Costeño) me dijo que íbamos a hacer una vuelta dura que era ponerle una maleta encima a una camioneta blindada que venían como cinco o seis camionetas, que yo tenía que manejar la moto, que se la tenía que pegar a una de las camionetas, y que un venezolano era el que la pegaba al techo de la camioneta que Chipi iba pegado en un carro jugando con el control para hacerla estallar de una a control remoto”, relató González en su declaración, según reveló Semana.
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Esta confesión no solo detalla la logística del atentado, sino que también expone la sofisticación y la coordinación detrás de los crímenes de alto perfil que sacuden a Bogotá.
El 14 de julio del 2025, Noticias RCN ya había mencionado este intento de atentado sicarial. Fue siete días después y luego de este testimonio lo que confirmaría la veracidad de dichas afirmaciones.
La investigación sobre el atentado contra el dirigente del Centro Democrático ha dado un giro inesperado tras la captura de González.
Su testimonio, recogido por la Fiscalía y divulgado por Semana, describe con precisión cómo se planeó el ataque y quiénes participaron en él. González señala a Elder José Arteaga, conocido como “el Costeño” o “Chipi”, como el principal coordinador de la operación.
La declaración de González confirma, además, que los mismos sicarios estuvieron involucrados en el intento de asesinato del firmante de paz Gabriel Ángel.
La conexión entre ambos atentados se hizo evidente cuando Semana publicó la declaración de Katherine Andrea Martínez, alias Andrea, capturada en Florencia, Caquetá, por su participación en el atentado.
Martínez relató a la Fiscalía detalles sobre su relación con El Costeño y la planificación de un ataque contra una persona fuertemente escoltada.
“Me dijo que solo era transportar la bomba, que era en una maleta, que tenía que llevarla al conjunto en Las Américas y que trabajaba en la avenida 39, que esa era la residencia y el trabajo de la persona contra la que iban a atentar, que era un exrefugiado (sic) de las Farc, que llevaban tres años intentando hacerle el atentado a la persona, que por cumplir esa orden ascendían de puesto, ya no ser gatillero, sino que iba a ser la mente, por eso estaban pagando mil millones también”, declaró alias Andrea a la Fiscalía, según informó Semana.
Esta confesión permitió a los investigadores concluir que se trataba del mismo atentado contra Gabriel Ángel, una hipótesis que ahora se ve reforzada por la declaración de González.
El relato de González no deja lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. “No alcanzó a decirme quién era la víctima, él me decía: ‘Yo, cabrón, lo espicho, usted se me acerca a la camioneta y el venezolano se la pega al techo, yo desde el carro lo espicho y se lo hago estallar’. Él lo decía muy animado, esa era una vuelta que estaban planeando desde hace tiempo atrás y con una gente dura como que de otro lado, no sé si sean los mismos que mandaron hacer la vuelta del senador, no sé quiénes son los que mandaron hacer esa vuelta”, afirmó González en su testimonio,
Esta descripción revela no solo la frialdad con la que se planean estos crímenes, sino también la posible participación de estructuras criminales externas, lo que incrementa la preocupación de las autoridades.
La modalidad del atentado, según los testimonios, consistía en adherir una bomba lapa, un artefacto explosivo que se fija con imanes a la carrocería de un vehículo, a una de las camionetas blindadas que formaban parte del esquema de seguridad de la víctima.
En el caso de Gabriel Ángel, el artefacto contenía 15 kilogramos de pentolita, una cantidad suficiente para destruir cualquier vehículo.
La operación requería una coordinación precisa: uno de los sicarios debía acercarse en motocicleta, otro, de nacionalidad venezolana, se encargaba de colocar la bomba, mientras que El Costeño, desde otro vehículo, activaba el explosivo a control remoto.
La investigación de la Fiscalía, según detalló Semana, ha puesto en evidencia la existencia de una red de sicarios contratados por la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas Farc.
Esta organización estaría utilizando oficinas de sicarios en Bogotá para ejecutar crímenes de alto impacto.
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