Gustavo Petro y Efraín Cepeda chocaron en la instalación del Congreso por proyecto que contempla beneficios judiciales para jefes criminales

El Gobierno del presidente Gustavo Petro alista la radicación de uno de los proyectos más controvertidos de su agenda legislativa: una iniciativa que propone un tratamiento penal especial y diferenciado para los miembros de bandas criminales, incluidos jefes y colaboradores de estructuras armadas como el Clan del Golfo.

Diseñado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el proyecto se inscribe en la política de “Paz Total” del Ejecutivo y busca facilitar el sometimiento voluntario de estas organizaciones a cambio de beneficios judiciales.

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Entre las propuestas del borrador filtrado se incluyen penas alternativas de entre cinco y ocho años para los máximos responsables, cumplimiento de condenas en espacios no penitenciarios —como colonias agrícolas o casas de armonización— y condiciones específicas como la entrega de armas, bienes y verdad a las víctimas. No obstante, este enfoque de justicia restaurativa ha encendido las alarmas de sectores judiciales, políticos y académicos, que ven en la iniciativa una peligrosa puerta abierta a la impunidad.

Fue en este escenario de tensión institucional y pública que tanto el presidente Petro como el senador Cepeda aprovecharon la instalación del Congreso para fijar sus posiciones de fondo frente a este proyecto de ley.

“Que luchar por la eficiencia judicial implica pensar más en la verdad que en el castigo”: Petro

En un discurso extenso y enfático, el presidente Gustavo Petro abordó directamente las críticas que ha recibido la propuesta de su Gobierno. Con tono desafiante, defendió el enfoque de justicia restaurativa como un camino legítimo para conocer la verdad sobre el conflicto y desmantelar las redes del crimen organizado.

“Qué temor de que en Colombia haya justicia restaurativa. Qué temor. Yo mismo hablé con la sala penal de la Corte Suprema hace dos años”, señaló el mandatario, recordando que ya había discutido el tema con magistrados de alto nivel. Agregó que “deben haber cambiado algunos de sus miembros (de la Corte Suprema), pero creo que piensan igual. Que luchar por la eficiencia judicial implica pensar más en la verdad que en el castigo”.

Para Petro, el objetivo no es facilitar la impunidad, sino adoptar modelos judiciales más eficaces para la resolución de conflictos estructurales. Su apuesta se basa en desactivar las estructuras armadas mediante la verdad, la reparación y la reinserción, con una lógica de transición similar a la aplicada en procesos de paz anteriores.

“Confundir paz con impunidad no solo es un error: es una amenaza”: Cepeda

En clara contraposición, Efraín Cepeda, presidente saliente del Senado, usó su intervención en la instalación del Congreso para advertir sobre lo que, a su juicio, son los riesgos jurídicos y éticos del proyecto del Gobierno.

“Confundir paz con impunidad no solo es un error: es una amenaza directa al Estado de Derecho”, afirmó tajantemente ante el Capitolio, alineándose con la postura de la Corte Suprema de Justicia, que ha expresado su preocupación sobre los efectos colaterales de permitir beneficios judiciales a actores responsables de crímenes graves.

“La impunidad estimula al delincuente, desprotege al ciudadano de bien y debilita la confianza en la justicia. La gente clama por seguridad, no por indulgencia con quienes han sembrado el miedo”, añadió Cepeda.

Para el congresista, sin garantías efectivas de no repetición ni participación real de las víctimas, el país correría el riesgo de legitimar acuerdos vacíos. “Solo hay impunidad disfrazada de acuerdo”, sentenció.

Sobre el proyecto de ley y los compromisos exigidos a los beneficiarios

El acogimiento a este tratamiento especial no sería automático. De acuerdo con el borrador del proyecto, para acceder a los beneficios, los postulados deberán firmar un acta que implique, entre otros compromisos:

• Dejación definitiva de armas.
• Entrega de bienes e información clave.
• Contribución a la verdad.
• Reparación a las víctimas.

Además, quienes ya estén privados de la libertad y hayan cumplido cinco años podrán solicitar libertad condicional, y quienes no hayan alcanzado ese tiempo serían reubicados en pabellones especiales para la paz. En caso de reincidencia, las penas serán revocadas y se activará la condena principal.