Exmilitares colombianos estarían siendo contratados por grupos criminales de México, como Los Viagras y el Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng), según reveló una investigación de El País, de España.
Según el citado medio, los involucrados estarían entrenando a los sicarios mexicanos en temas como el manejo de drones, uso de explosivos y la instalación de minas antipersonas.
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Habitantes de La Ruana, en Michoacán, aseguran que los exmilitares colombianos patrullan en la noche y que familias se han visto afectadas por las minas antipersonas. Los testigos afirmaron que la mayoría “son sanguinarios”.
La investigación publicada por el País de España indicó que el reclutamiento se llevaría a cabo a través de servicios de mensajería, como WhatsApp.
Según el citado medio de comunicación, plataformas de mensajería promocionan empleos bien remunerados, pasajes aéreos cubiertos y condiciones favorables para quienes se suman a actividades de cárteles.
Además, precisaron en su investigación que algunas agencias de viaje en Colombia ayudan a los interesados con indicaciones sobre indumentaria y respuestas para las revisiones migratorias.
La mayoría de quienes aceptan la oferta llega a México como turistas, ya que no necesitan visa para ingresar.
Se calcula que entre 2.000 y 3.000 han sido reclutados por distintos grupos criminales para funciones de mercenarios por colombianos.
En una inspección reciente en un sembradío de Uruapan, Michoacán, las fuerzas de seguridad hallaron armamento pesado, uniformes del Cjng y vestigios de un campamento.
Material audiovisual almacenado en el teléfono de un implicado revela prácticas de adiestramiento de nuevos integrantes, algunas dirigidas por ciudadanos colombianos, señala El País de España.
El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum puso en marcha un nuevo esquema de vigilancia. A partir de octubre, se ha denegado la entrada a más de 1.700 colombianos en terminales aéreas mexicanas. La colaboración de las autoridades colombianas ha sido limitada.
En una publicación en X, el presidente Gustavo Petro aseguró que el “mercenarismo debe ser castigado” en la legislación colombiana.
El jefe de Estado afirmó que este tipo de prácticas son un robo de recursos públicos, porque según él, “terminan en manos de los narcotraficantes”.
“El mercenarismo debe ser castigado en nuestra legislación nacional. Es un robo de recursos públicos que se invierten para la defensa nacional. Y terminan en manos de los narcotraficantes más bárbaros del mundo y en guerras en que no estamos”, afirmó Petro.
El 17 de julio de 2025, el presidente Gustavo Petro emitió declaraciones contundentes tras la advertencia del embajador ruso en Colombia, Nikolái Tavdumadze, sobre la creciente presencia de colombianos como mercenarios en el conflicto ucraniano.
Gustavo Petro indicó que el fenómeno constituye un despojo para la nación, ya que el dinero público destinado al entrenamiento militar pasa a fortalecer intereses ajenos a la soberanía del país.
El mandatario resaltó los riesgos asociados, señalando que detrás de la muerte de jóvenes se benefician empresas de seguridad que, en algunos casos, también prestan servicios a figuras vinculadas al crimen organizado.
Gustavo Petro criticó la participación de nacionales en guerras extranjeras, especialmente en Ucrania, donde la cantidad de colombianos involucrados se ha incrementado.
Tavdumadze, representante diplomático de Moscú en Colombia, denunció que Ucrania estaría captando mercenarios colombianos incluso mediante su embajada. El diplomático consideró que esta práctica contraviene la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
La postura oficial rusa ha tomado un tono más severo: recientemente, un colombiano fue condenado a 28 años de prisión por combatir con el ejército ucraniano y otros dos enfrentan investigaciones penales, acusados de actuar como mercenarios.
En respuesta, la diplomacia ucraniana rechazó todo señalamiento de reclutamiento oficial y aseguró que la participación en la Legión Internacional de Defensa Territorial responde a decisiones personales motivadas por la solidaridad con una nación que enfrenta una ofensiva militar.
El Gobierno colombiano, representado en Moscú por Héctor Isidro Arenas Neira, admitió la ausencia de datos concretos respecto al número de colombianos implicados. Esta falta de cifras oficiales contrasta con las afirmaciones de autoridades rusas sobre la magnitud del fenómeno.
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