Paloma Valencia pidió a Petro decir “la verdad” sobre proyecto que brinda beneficios a criminales: “Rebajas del 60%”

Nuevamente, una iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta dificultades. El viernes 18 de julio de 2025, la presidenta de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Myriam Ávila Roldán, dio un concepto desfavorable a un polémico proyecto de ley que brinda beneficios a capos que se acojan a la política de Paz Total.

La magistrada y otros expertos discutieron específicamente el proyecto “por medio de la cual se establece tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos armados y reglas de colaboración eficaz para el sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, financiadores, colaboradores y otros, para la consolidación de la paz”.

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En el debate, adelantado en el Consejo Superior de Política Criminal, la presidenta de la Sala dio su voto negativo a la propuesta oficialista, porque, entre otras cosas, no hay claridad sobre el impacto fiscal que tendría su implementación.

Gustavo Petro rechazó postura de la Corte y señaló a Paloma Valencia

El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión de la funcionaria en representación de la Corte Suprema de Justicia, asegurando que estuvo influenciada por el presidente del alto tribunal, Octavio Augusto Tejeiro Duque, y por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático.

La congresista de la oposición respondió al primer mandatario, defendiendo su postura en contra del cuestionado proyecto. Según indicó, los beneficios que tendrían los criminales que se ajusten a la política de Paz Total del Gobierno estarían relacionados con sus penas privativas de la libertad y hasta con las posibilidades que tienen de conservar el dinero ilícito que consiguieron delinquiendo.

“Presidente, ¿por qué no le cuenta la verdad a los colombianos? Su proyecto busca premiar a criminales con rebajas del 60% en sus penas, libertad condicional y hasta conservar el 12% de su fortuna criminal”, escribió.

Asimismo, aclaró que no es la única persona que se ha opuesto al proyecto de ley, insistiendo, además, en que millones de ciudadanos rechazan este tipo de iniciativas que estarían orientadas a la “impunidad”.

“¿Así es como pretende construir la paz?”, cuestionó Valencia.

Es importante indicar que, pese al voto desfavorable de la presidenta de la Sala de Casación Penal, el Consejo Superior de Política Criminal respaldó la iniciativa del Gobierno con nueve votos a favor.

Argumentos de la magistrada de la Corte sobre el proyecto de ley

De acuerdo con un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, Ávila Roldán, la propuesta cuenta con la suficiente discusión y deliberación como para ser aprobada. Pues, según indicó, que se trata de una materia delicada para el país, que requiere consensos y un análisis más profundo debido al impacto que genera en materia de política criminal.

Asimismo, señaló la ausencia de una justificación adecuada en torno a los desafíos operacionales y el impacto fiscal de la propuesta. Esto, teniendo en cuenta que, aunque se asignan responsabilidades significativas a la jurisdicción penal ordinaria, el articulado no brindaría claridad sobre los recursos requeridos.

“El articulado no es suficientemente claro en relación con los recursos y la metodología de implementación para atender las necesidades que acarrea la propuesta”, se lee en el comunicado.

Además, a juicio de la magistrada, la exposición de motivos del proyecto no refleja la existencia de diálogos previos o acercamientos con la judicatura, ni analiza los retos administrativos que implicaría la puesta en marcha de la propuesta.

“Se necesita mayor justificación respecto de la insuficiencia de los modelos normativos existentes para satisfacer los fines que persigue esta propuesta y explicar por qué la normatividad existente no resulta idónea o eficaz para la búsqueda de la paz en las condiciones propuestas en el borrador de proyecto de ley”, añade.