Un escándalo institucional sacudió a la Policía en Bolívar luego de que, en la madrugada del jueves 17 de julio, se detectó la desaparición de 11 armas de fuego y municiones de uso oficial en la estación del municipio de Villanueva.
El hallazgo se produjo durante una inspección rutinaria al inventario del armamento, lo que desencadenó una respuesta inmediata por parte de las autoridades disciplinarias y penales.
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El reporte oficial confirmó que entre las armas desaparecidas se cuentan siete fusiles Galil calibre 5,56 y cuatro pistolas Sig Sauer, junto a proveedores, 35 cartuchos calibre 5,56 y 30 cartuchos calibre 9 mm.
Estos elementos estaban almacenados en el armerillo de la estación, cuyo acceso fue encontrado entrecerrado al momento de la inspección. La magnitud del hecho activó protocolos de seguridad y alarmó a la comunidad local y a los entes de control.
La Inspección General de la Policía Nacional, comprometida con los estándares de transparencia institucional, ordenó la apertura de una investigación disciplinaria de carácter urgente.
Para ello, designó un equipo interdisciplinario que ya se encuentra en Villanueva, con la misión de revisar los registros de inventario, rastrear la trazabilidad del material bélico faltante y establecer responsabilidades individuales y colectivas entre los uniformados que custodiaban el arsenal.
“La Inspección General abrió una investigación disciplinaria prioritaria en el marco de las políticas de integridad policial. Este grupo tiene como tarea precisar el periodo y las circunstancias en que se produjo el faltante”, señala el informe oficial del comando de Policía de Villanueva.
De manera simultánea, la Policía Nacional remitió el caso a la Justicia Penal Militar, instancia que asumió la indagación penal. Desde este organismo se abrieron procesos bajo la línea de posible peculado por bienes de dotación.
Entre las primeras medidas, se recolectaron testimonios del personal policial en servicio durante el turno, se solicitaron análisis dactiloscópicos, se revisaron las imágenes de cámaras de seguridad y los registros de inventario para identificar a los posibles responsables y recuperar el material sustraído.
En una acción preventiva, y para evitar interferencias o manipulación de evidencias, los policías asignados a la estación de Villanueva fueron separados de sus cargos. Esta medida busca preservar la cadena de custodia de los documentos y registros que serán clave en la investigación.
Fuentes dentro de la Policía aclararon que la separación de los uniformados no constituye un prejuzgamiento, sino que corresponde a protocolos estrictos que exige un caso de esta naturaleza.
“Es fundamental que el proceso avance sin presiones ni manipulaciones, en busca de garantizar la total imparcialidad”, explicaron voceros de la institución en Bolívar a El Tiempo.
Hasta ahora, no es posible determinar con certeza si la desaparición de las armas obedece a un robo con violencia o si se trató de una acción interna.
Las autoridades manejan todas las hipótesis, incluyendo fallas en los protocolos de seguridad, negligencia, complicidad o acciones deliberadas por parte de miembros de la fuerza pública.
Expertos en temas de seguridad advierten que la pérdida de armas oficiales representa un riesgo inmediato para la población, ya que la circulación de esas armas en manos de grupos criminales podría agravar el panorama de inseguridad en la región.
Villanueva se ubica a menos de una hora de Cartagena, en una zona que ha enfrentado dificultades ligadas al delito organizado, el microtráfico y la presencia de estructuras armadas ilegales. La preocupación es alta entre la comunidad, en medio de crecientes denuncias sobre fallas en el control territorial, especialmente en departamentos del Caribe.
El caso ha sido asumido con prioridad tanto por la Policía Nacional como por la Justicia Penal Militar, organismos que han solicitado la colaboración de los entes de control y asegurado que se sancionarán todas las conductas irregulares que se identifiquen.
“Cualquier actuación contraria a la ley o al deber institucional será objeto de las sanciones más estrictas”, señala el pronunciamiento oficial emitido tras el inicio de las pesquisas.
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