Los grupos armados ilegales continúan poniendo en riesgo a la población civil en su ofensiva contra la fuerza pública, e incluso por las disputas entre ellos mismos.
De hecho, el 17 de julio se conoció que el Ejército Nacional localizó y destruyó 32 minas antipersonales en cercanías de la escuela rural de la vereda La Esmeralda, en el municipio de Sucre (Cauca). La acción se desarrolló tras sostener fuertes enfrentamientos con la estructura Andrés Patiño, de las disidencias de las Farc, del que no se reportaron personas heridas o integrantes abatidos.
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“32 minas antipersonales que iban a ser instaladas por la estructura criminal Andrés Patiño en Sucre, Cauca, fueron localizadas y neutralizadas en una operación precisa y oportuna adelantada por nuestro Ejército Nacional”, señalaron las Fuerzas Militares en un comunicado.

El operativo permitió también la incautación de cinco granadas de 60 mm, ocho granadas adaptadas para drones, 15 escopetas, controles remotos para vehículos, un control eléctrico y material de intendencia suficiente para abastecer a cerca de cien integrantes del grupo armado.
El brigadier general Alirio Aponte, comandante de la Brigada 29, señaló que la operación fue posible gracias a labores de inteligencia militar realizadas durante varias semanas. El material incautado tenía como propósito reforzar la capacidad ofensiva de este grupo armado ilegal y emplearse en acciones contra la población civil y las tropas en esta zona del departamento.
La ofensiva, liderada por el Batallón de Alta Montaña número cuatro, contó con binomios caninos y el apoyo del Grupo Liviano de Caballería número 8.

Las Fuerzas Militares informaron que con esta acción se evitó la afectación de más de 200 familias residentes en esta región, marcada por la violencia. Por último, señalaron que en lo que va de 2025, el Ejército ha reportado la neutralización de 292 artefactos explosivos en el departamento, lo que ha contribuido a salvaguardar a más de 1.000 familias. “Trabajamos para salvaguardar la vida e integridad de los colombianos”, puntualizó la institución castrense.

Gobernación del Cauca rechazó el secuestro de funcionarios en López de Micay
La Gobernación del Cauca expresó su contundente rechazo ante el secuestro de un grupo de funcionarios y contratistas del departamento ocurrido el 17 de julio en el municipio de López de Micay.
El hecho sucedió mientras las víctimas cumplían labores institucionales relacionadas con proyectos de conectividad tecnológica y desarrollo comunitario.
Según el comunicado oficial, esta acción vulnera el derecho internacional humanitario (DIH) y constituye un atentado contra la vida civil, afectando a familias que esperan información sobre sus seres queridos. Los secuestrados no portaban armas ni participaban en tareas militares; se encontraban en el territorio para instalar equipos de comunicación y facilitar el acceso a tecnología en zonas rezagadas del Cauca.

El Gobierno departamental exigió la liberación inmediata e incondicional de los funcionarios y contratistas retenidos. Solicitó además el acompañamiento de organismos humanitarios nacionales e internacionales, con el fin de garantizar su integridad y el pronto regreso a sus hogares.
La Gobernación reiteró que en Cauca no existen funcionarios enemigos, sino familias que esperan la pronta solución de una situación que afecta la esperanza de paz en el territorio.
“En el Cauca no hay funcionarios enemigos, hay familias desesperadas esperando un abrazo. El camino hacia la paz exige respeto por la vida, por la institucionalidad civil y por el trabajo de quienes creen en un mejor futuro para las comunidades más olvidadas. Hoy, más que nunca, el Cauca eleva su voz unida y firme: ¡Ni un secuestro más! ¡La vida no puede seguir siendo rehén del conflicto armado!“, concluyó el comunicado de la Gobernación.
Las personas identificadas como víctimas del secuestro son Angélica María Barona, Mónica Alexandra Bambague, Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
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