Corte Suprema de Justicia archivó investigación contra el exgobernador de Tolima Óscar Barreto por presunta contratación irregular

El exgobernador de Tolima (2008-2011) y senador de la República por el Partido Conservador Óscar Barreto Quiroga fue cobijado con una decisión favorable por parte de la Corte Suprema de Justicia en relación con una investigación que se adelantaba en su contra. Según informó Caracol Radio, la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, con ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán Molina, archivó el proceso que cursaba en su contra por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El caso se originó por hechos ocurridos en 2010, cuando Barreto fungía como gobernador de Tolima. Los denunciantes Fernando Ortiz Guarnizo, Miguel Ángel Ortiz Guarnizo, Néstor Rodríguez Guzmán, Eduardo Quintana Cortez y Luis Alfonso Rendón Marín aseguraron que el legislador convirtió un centro de eventos en Saldaña (Tolima) en un colegio con carencias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los accionantes alegaban que la institución no contaba con toda la dotación requerida para su correcto funcionamiento ni con los recursos necesarios para garantizar la prestación de servicios educativos. Además, según informó el medio, que tuvo acceso a la decisión de la Corte, la ubicación del colegio a las afueras de la cabecera municipal suponía un peligro para los alumnos al momento del traslado.

Pese a las quejas de los denunciantes, la Corte Suprema concluyó que el congresista no incurrió en ninguna irregularidad al momento de suscribir el contrato para la obra pública, la cual se entregó y ahora se garantiza el acceso a la educación a cientos de estudiantes en el municipio, que se forman en la Institución Educativa Técnica Roberto Leyva.

Además, aclaró que la Secretaría de Educación recibió el colegio sin presentar ningún reparo y que no se llevaron a cabo otras obras que no estuvieran contempladas en el contrato.

Asimismo, explicó que en el análisis del expediente se estableció que las instalaciones hidráulicas y sanitarias de la institución educativa estaban previstas en los estudios de la obra y que no se reportaron falencias al momento de la entrega. Por último, contando con un concepto favorable de la Contraloría, descartó la existencia de un detrimento patrimonial y archivó la investigación.

Otra investigación contra el exgobernador del Tolima por contratos irregulares

Sobre el senador pesa otra investigación por la cual la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En enero de 2021, el ente acusador presentó al exgobernador ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá por presuntas irregularidades de contratación que se habrían presentado durante su administración.

Las indagaciones se centran en 119 convenios suscritos por la Gobernación de Tolima, de los cuales 12 se firmaron con la Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial (Prohaciendo), cuyo valor total fue de $4.700 millones. El contratista seleccionado para el desarrollo de las obras civiles y de proyectos urbanísticos hizo subcontrataciones de manera directa, sin llevar a cabo una licitación pública.

Esto, según el ente investigador, supone una violación de los lineamientos de la Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y demás normativas sobre contratación estatal.

El problema también yace en que, según las indagaciones realizadas por la Fiscalía, entre los beneficiarios de las subcontrataciones irregulares figuraba una persona que aportó dinero a la campaña de Óscar Barreto a la Gobernación de Tolima, así como un hermano de ese donante.

También se identificaron posibles apropiaciones indebidas de recursos por parte del contratista y la Contraloría General de la República identificó anomalías en anteriores procesos de contratación que tuvieron lugar en 2008 y 2009. Pese a poner en evidencia sus hallazgos, la administración procedió con los convenios con Prohaciendo.