En una ceremonia encabezada por la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal, de manera simbólica fueron entregadas a sus familias las ocho personas secuestradas y asesinadas por disidencias de las Farc en el municipio de Calamar (Guaviare).
Las víctimas fueron identificadas como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón —en su mayoría líderes sociales y pastores religiosos— habían llegado años atrás desde Arauca huyendo de la violencia en esa región.
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El hallazgo se realizó tras la identificación de las víctimas, cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa común luego de la activación de mecanismos de búsqueda urgente en abril, tras sendas denuncias de sus familiares sobre la desaparición.
La ceremonia contó con la presencia de la directora seccional de Guaviare, el fiscal del caso, una fiscal especializada y servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), informaron en la emisora Blu Radio.
La Fiscalía explicó que la localización de los restos fue posible luego de la captura de un integrante de las disidencias, bajo órdenes de alias Iván Mordisco.
Durante la operación, a este individuo le fue incautado un teléfono móvil que contenía una fotografía crucial: en la imagen aparecían cinco de las víctimas aún con vida, antes de su asesinato.
Los documentos y certificaciones de identificación plena fueron entregados a los familiares durante la ceremonia, que además relató el detallado procedimiento para la recuperación de los cuerpos. Los líderes sociales habían sido citados por el Frente Primero ‘Armando Ríos’, que actúa en esa región, según confirmó la Fiscalía.
El acto de entrega simbólica de los cuerpos a las familias de las víctimas tuvo lugar en el auditorio de Medicina Legal, en la ciudad de Villavicencio (Meta) agregaron en el medio radial.
El proceso de investigación señala que el 4 de abril de 2025, dos de las víctimas fueron citadas inicialmente por integrantes de las disidencias, mientras que los seis restantes fueron convocados tres días después para un “interrogatorio” sobre la presunta presencia o conformación de un grupo delincuencial distinto en la zona.
De acuerdo con el informe final de la Fiscalía, días más tarde, las ocho personas habrían sido llevadas a un predio abandonado y posteriormente asesinadas. La investigación apunta a que la orden de ejecutar a las víctimas habría provenido del círculo de confianza de alias Iván Mordisco, con el objetivo de impedir el supuesto surgimiento de una célula del ELN en la región, recordaron en la emisora La FM.
El fiscal delegado para la criminalidad organizada, Raúl González, señaló que, según la investigación, las víctimas “fueron obligadas a cavar su propia fosa antes de ser ejecutados por presuntos vínculos con el ELN”, acusación que, hasta el momento, carece de fundamento según las pesquisas en curso.
Sobre el origen de las víctimas, González detalló que provenían de Arauca y que su asesinato parece haber estado motivado por la “paranoia criminal” de los victimarios, quienes asumieron que, por ser de origen araucano, pretendían vincularse al ELN e ingresar al departamento.
Eran familias campesinas en búsqueda de mejores oportunidades y ejercían labores de liderazgo en espacios comunitarios, resaltando que no pertenecían a una congregación numerosa, pero sí mantenían una fuerte influencia entre sus vecinos y conocidos.
La entrega de los cuerpos, más allá de su relevancia judicial, fue presentada por la Fiscalía y Medicina Legal como un acto de reconciliación, reparación y verdad, en aras de dar respuestas a los familiares de las víctimas y de contribuir a esclarecer la verdad sobre los crímenes perpetrados por grupos armados ilegales en la región.
El acto formal evidencia la persistencia de la violencia ejercida por las disidencias de las Farc y los riesgos que enfrentan los líderes sociales y religiosos que migran forzadamente en busca de refugio ante el asedio de diferentes actores armados, informó el portal de noticias Zona Cero.
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