La investigación sobre el millonario escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) dará un nuevo paso el martes 22 de julio de 2025, con la presentación del principio de oportunidad acordado entre la Fiscalía General de la Nación y María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda.
Según lo informado por la Fiscalía, este acuerdo supondrá la comparecencia formal de Benavides ante la justicia como testigo clave, con el compromiso de declarar contra el exministro Ricardo Bonilla y cerca de 28 congresistas señalados por presunta participación en la red de corrupción.
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De acuerdo con el ente acusador, Benavides está vinculada al direccionamiento de tres contratos que suman en total 92.000 millones de pesos. La Fiscalía sostiene que la mujer ejercía como enlace fundamental entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso, facilitando la gestión de operaciones de crédito externo y orientando los contratos hacia las regiones de interés de varios parlamentarios, como parte de los acuerdos políticos logrados para la aprobación de estos recursos.
El acuerdo con Benavides le otorgaría inmunidad total, condicionada a que brinde testimonios y pruebas sustanciales que permitan esclarecer el entramado de corrupción y la posible responsabilidad de funcionarios y congresistas. La Fiscalía especificó: “Una vez se avale el principio de oportunidad, se radicará la solicitud de imputación de cargos contra el exministro Bonilla por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos”.
El listado de miembros del Congreso de la República mencionados en la investigación abarca representantes a la Cámara y senadores de diferentes partidos. Entre los implicados, la Fiscalía señala a Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz, así como a aus otros congresistas cuyos nombres figuran en documentos remitidos a la Corte Suprema de Justicia el pasado 28 de febrero.
Entre las nuevas revelaciones se destaca además que Benavides habría seguido instrucciones directas del exministro Bonilla para recibir y tramitar proyectos de inversión regional respaldados por congresistas, procedimientos que debían realizarse a través de la UNGRD. De acuerdo con el ente acusador, algunas de las regiones beneficiadas por estos contratos incluyen Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar.
En el desarrollo de la investigación, también se documentaron reuniones determinantes. La Fiscalía detalló que en un encuentro entre Bonilla y el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se analizaron solicitudes del senador Mauricio Gómez Amín para que las condiciones otorgadas a otros integrantes del Congreso le fuesen extendidas a él.
La audiencia judicial para que un juez de control de garantías legalice el principio de oportunidad quedó fijada para el 22 de julio a las 12:00 m. en un juzgado penal municipal de Bogotá. Allí se oficializará el otorgamiento de inmunidad a Benavides, bajo la condición de colaborar plenamente y aportar datos clave sobre el fraude millonario investigado.
El caso mantiene implicados a numerosos congresistas. Entre los representantes a la Cámara mencionados se encuentran Juan Loreto Gómez (Conservador), Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), Katherine Miranda (Alianza Verde), Wilmer Ramiro Carrillo (Partido de la U), Daniel Restrepo (Conservador), Wadith Manzur (Conservador), Julián Peinado (Liberal), Juan Diego Muñoz (Partido de la U), Wilmer Castellanos (Alianza Verde), Silvio José Carrasquilla (Liberal), Álvaro Henry Monedero (Liberal), Elkin Rodolfo Ospina (Alianza Verde), Wilder Iberson Escobar (Gente en Movimiento), Milena Jaraba (Partido de la U), Sandra Aristizábal (Liberal), Kellyn Johana González (Liberal), Yamil Arana (Conservador), Juliana Aray Franco (Conservador), Néstor Leonardo Rico (Cambio Radical), y Wilmer Yesid Guerrero (Liberal).
En la lista de senadores vinculados aparecen Juan Diego Echavarría (Liberal), Efraín Cepeda (Conservador), Juan Carlos Garcés (Partido de la U), Juan Pablo Gallo (Liberal), José Alfredo Gnecco (Partido de la U), Liliana Bitar (Conservador) y Karina Espinosa (Liberal). La información recabada desde el 28 de febrero mediante compulsas de copias ante la Corte Suprema de Justicia obedece a actuaciones impulsadas por la fiscal novena delegada ante esa corporación, María Cristina Patiño, en relación con este capítulo de corrupción que afecta también al Instituto Nacional de Vías (Invías).
Con el proceso judicial en marcha y la declaración pendiente de Benavides, la investigación podría arrojar nuevas implicaciones institucionales y políticas para el círculo de funcionarios y congresistas en el foco del escándalo, según detalló la Fiscalía.
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