El caso de Ana María Cuesta, directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, que falleció el 11 de junio de 2025 tras no recibir medicamentos vitales por parte de su EPS Famisanar, ilustra el nivel crítico de deterioro al que ha llegado el sistema de salud en Colombia.
El hecho, presentado en un comunicado del Partido Liberal, sirvió como ejemplo de las consecuencias directas que provoca la crisis institucional en la que se encuentra sumido el sector salud, una situación que el partido atribuye de manera central al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
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De hecho, el duro panorama en materia de salud motivo a la colectividad, y a su líder natural César Gaviria, a extender la solicitud formal para que la Fiscalía General de la Nación abra una investigación contra el funcionario, por presunta omisión dolosa y desfinanciamiento sistemático del sistema de salud.
De acuerdo con el comunicado difundido por el Partido Liberal, la gestión de Guillermo Alfonso Jaramillo habría agravado de manera progresiva el derecho fundamental a la salud en el país, generando un contexto donde hospitales presentan colapsos, empresas promotoras de salud (EPS) experimentan quiebras estructurales, pacientes carecen de acceso a medicamentos esenciales y los profesionales del sector enfrentan una alta incertidumbre laboral.
La organización política argumenta que Jaramillo privilegió “la imposición ideológica en lugar del diálogo técnico”, lo que ha desembocado, insisten, en una crisis más severa que la vivida durante la época del antiguo Seguro Social.
“Desde el Partido Liberal, exigimos que la Fiscalía General de la Nación inicie una investigación formal contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por posible omisión dolosa, al haber contribuido al desfinanciamiento sistemático del sistema y al deterioro progresivo del derecho fundamental a la salud”, señala el documento firmado por el expresidente Gaviria.
Según cifras del centro de investigaciones Invamer, el 79% de los ciudadanos colombianos considera que la calidad del servicio de salud es “paupérrima”. El comunicado destaca que este deterioro está asociado al “desfinanciamiento crónico, la fragmentación institucional, el colapso progresivo de las EPS y los retrasos sistemáticos en los pagos a hospitales y profesionales”, elementos señalados como responsables del panorama insostenible que amenaza el acceso efectivo, oportuno y digno a la salud.
Si bien el Partido Liberal señala al ministro como principal responsable por el agravamiento de la crisis, aclara que la Superintendencia de Salud y otros funcionarios también estarían involucrados, por acción u omisión, en el proceso que califican como un colapso institucional del sistema.
En el análisis presentado, el expresidente Cesar Gaviria puso el foco sobre la gestión ministerial y el historial de decisiones institucionales que, en su concepto, han ignorado repetidas advertencias realizadas tanto por la Corte Constitucional como por la Contraloría y expertos en la materia.
El exmandatario recordó que la Corte ha dictado sentencias y autos, como el Auto 007 de 2025 y la Sentencia T-760 de 2008, que definen la salud como un derecho fundamental y obligan al Estado a asegurar el funcionamiento adecuado del sistema.
Además, destacó que la Contraloría General de la República ha evidenciado que las EPS presentan deudas acumuladas por $32,9 billones, de las cuales solo seis cumplen con requisitos financieros básicos, y denunció que la Nueva EPS, con 11,5 millones de afiliados, ni siquiera ha presentado sus estados financieros.
Como respuesta concreta ante este panorama, el Partido Liberal exigió una investigación penal, fiscal y disciplinaria, no solo por parte de la Fiscalía General de la Nación, sino de la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación, entidades a las que solicitó determinar responsabilidades en el manejo de los recursos públicos y en el impacto fiscal de la crisis.
De acuerdo con el pronunciamiento del partido, los órganos de control deben actuar con rigor e independencia para evitar una cadena de impunidad institucional y responder a la gravedad del daño causado al erario nacional.
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