Ingrid Betancourt rechazó diálogo sobre garantias electorales con Armando Benedetti: “No se puede hablar con el que fraguó el Pacto de La Picota

La Comisión de Seguimiento Electoral, realizada el 10 de julio en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, fue escenario de una fuerte controversia política por la ausencia de trece partidos.

La convocatoria, impulsada por el Gobierno nacional, tenía como objetivo discutir las garantías para las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, el retiro conjunto de varios sectores políticos fue interpretado como una señal de profunda desconfianza frente a la administración del presidente Gustavo Petro.

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Entre los ausentes estuvieron Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, Colombia Justa Libres, Centro Democrático, Partido de La U, Nuevo Liberalismo, Oxígeno Verde, Salvación Nacional, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Alianza Social Independiente (ASI) y Colombia Renaciente. A estos se sumó el partido Mira, que si bien no firmó el comunicado conjunto, tampoco hizo presencia en el encuentro.

En el comunicado, los partidos justificaron su decisión en “la falta de garantías mínimas para la realización de elecciones transparentes”. También expresaron preocupación por las declaraciones recientes del presidente Petro, quien escribió en su cuenta de X: “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”.

Las críticas de Ingrid Betancourt

Uno de los pronunciamientos más contundentes tras la polémica reunión fue el de la excandidata presidencial y líder del partido Oxígeno Verde, Ingrid Betancourt. A través de su cuenta de X, Betancourt respondió directamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien había criticado a quienes no asistieron al evento:

“Benedetti no ha entendido que los congresistas asisten al Congreso porque cumplen con su deber y los directores de Partidos no asistimos a su convocatoria porque cumplimos con el nuestro. Intentaron asesinar a Miguel Uribe. Sin protección a la vida, y con el que fraguó el pacto de la picota y la financiación ilícita de la campaña de Petro, convocando a una reunión sobre garantías electorales, no se puede hacer otra cosa que NO IR”, escribió Betancourt.

Y es que Armando Benedetti, que además de ministro ha sido protagonista de varias controversias, restó importancia a la ausencia de los partidos políticos, señalando que no representan al conjunto de las colectividades.

“(...) Los partidos acompañan al Gobierno en las votaciones de la reforma laboral, la pensional, a la salud. Le pido a la opinión pública no sobrevalorar a unos cinco o seis que no vinieron y que no representan a nadie, solo a ellos mismos“, afirmó Benedetti sobre la posición institucional expresada en el comunicado conjunto y atribuyendo la ausencia a decisiones personales de algunos dirigentes.

Pero los partidos que firmaron el comunicado también hicieron énfasis en dos exigencias fundamentales al Gobierno nacional: el respeto irrestricto a la Constitución y a la independencia de poderes, así como condiciones de orden público que garanticen un voto libre y seguro.

En el mismo documento, se expresaron inquietudes por el rol que está desempeñando el presidente de la República en calidad de garante electoral. “No es comprensible que quien está encargado constitucionalmente de brindar garantías electorales sea el mismo que cuestiona la legitimidad del sistema democrático y atenta contra la independencia de los poderes públicos”, señalaron.

Además, los partidos anunciaron que solicitarán a las misiones de observación internacional que adelanten su presencia en el país para monitorear el desarrollo del proceso electoral ante la creciente desconfianza institucional.

Esta controversia refleja el clima de tensión que rodea el proceso electoral de 2026. La Comisión de Seguimiento Electoral, creada para propiciar la coordinación entre el Gobierno, los partidos políticos y las autoridades electorales, ha terminado convertida en un nuevo foco de disputa y desconfianza.

A esto se suma la declaración del presidente Petro expresando su desconfianza sobre la transparencia del próximo proceso electoral, lo cual ha alimentado críticas de sectores de oposición sobre una eventual intención de alterar el calendario electoral o deslegitimar los resultados que no le sean favorables al actual Gobierno.