Durante la campaña legislativa correspondiente al periodo 2018-2022, el entonces candidato a la Cámara de Representantes Jhon Arley Murillo Benítez, por la curul de las comunidades afrodescendientes, habría incurrido en conductas que en la actualidad lo enfrentan a un juicio penal ante la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Especial de Instrucción de ese alto tribunal formuló una acusación formal en su contra por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y corrupción al sufragante, lo que marca un nuevo episodio judicial en torno a las prácticas electorales en el país.
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Según el expediente que maneja la Corte, las irregularidades habrían tenido lugar mientras Murillo Benítez adelantaba su aspiración a una curul por el periodo ya mencionado. El alto tribunal señala que el exrepresentante, al parecer, omitió deliberadamente la presentación de los informes financieros que exige la legislación electoral vigente, tanto en lo referente a los ingresos recibidos como a los gastos ejecutados durante su campaña.
La omisión de estos reportes constituye un factor determinante en el proceso, dado que podría configurar no solo una infracción administrativa, sino una maniobra orientada a alterar la transparencia de los procesos electorales.
Es importante señalar que, el delito de corrupción al sufragante, contemplado en el Código Penal colombiano, implica la entrega o promesa de dádivas a cambio de votos, mientras que la falsedad en documento privado y el fraude procesal suponen alteraciones o simulaciones que distorsionan la verdad ante las autoridades judiciales o administrativas. Al momento de revelar el caso, la Corte no detalló los mecanismos concretos usados en los hechos que sustentarían los cargos, por lo que la etapa de juicio oral será clave para determinar responsabilidades.
Él es el exrepresentante a la Cámara que ahora está bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia
El nombre de Jhon Arley Murillo Benítez se convirtió en eje de un nuevo capítulo judicial luego de que el alto tribual formulara cargos en su contra. El líder político, nacido en Istmina (Chocó), se formó como abogado en la Universidad Santiago de Cali, donde también cursó una especialización en Derecho Administrativo y otra en Docencia Universitaria.
Es además candidato a magíster en Gobierno de la Universidad Icesi. Su trayectoria pública comenzó a trazarse a partir de su ingreso a la Contraloría General de la República, en calidad de auditor del Valle del Cauca, cargo al que accedió por concurso de méritos.
Posteriormente, en 2008, fue designado como director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en el Valle del Cauca, también por méritos, convirtiéndose en el director más joven que tuvo esa entidad a nivel regional, con apenas 28 años. Durante su administración, también asumió la dirección de la regional Chocó, siendo el único funcionario en ostentar simultáneamente dicha doble responsabilidad
Tras su paso por la administración pública, Murillo alcanzó un escaño en la Cámara de Representantes, desde donde promovió diversas iniciativas legislativas. Algunas de ellas se enfocaron en sectores como la juventud, la familia y la población afrodescendiente. Fue uno de los impulsores de la llamada Ley de Egreso, orientada a acompañar a los jóvenes egresados del sistema de protección del Icbf en su transición a la vida adulta independiente, una iniciativa con respaldo técnico que buscaba institucionalizar un programa de apoyo continuo.
En otro frente, su labor legislativa lo llevó a incluir un parágrafo en la ley de fomento al empleo joven que exigía a la Función Pública destinar un 10% de los cargos de concurso a profesionales provenientes del sistema de protección estatal. Además, participó en la estructuración de la política pública nacional de familia como componente de la ley contra la violencia intrafamiliar.
En la actualidad, Jhon Arley Murillo Benítez ocupa la presidencia del partido Colombia Renaciente, colectividad a la que pertenció, como miembro ordinario, el exministro de Relaciones Exteriores Gilberto Murillo Luis Gilberto Murillo, que se encuentra bajo investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, en relación con el manejo del contrato para la impresión y distribución de pasaportes, adjudicado a la empresa multinacional Thomas Greg & Sons.
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