Emilio Tapia, conocido por su papel en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, negó cualquier relación con el contrato de recaudo del sistema de transporte público Megabús en Pereira, adjudicado por más de 11.300 millones de pesos.
En entrevista con El Tiempo, Tapia aseguró que no tiene ningún vínculo con la unión temporal Pereira Avanza, ganadora del proceso, y que tomará acciones legales contra quienes lo vinculen con ese negocio.
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“Todo el equipo jurídico, ya desde hace poco tiempo estamos en todo ese ejercicio de denuncia y demás porque ya está bueno. Ya estamos haciendo todas las acciones legales, no solamente con este señor Idárraga que ya se van a poner las acciones legales pertinentes, sino con todo el que quiere coger mi nombre. Eso no está bien”, dijo Tapia.
Tapia afirma que no tuvo cercanía con Durango
Uno de los nombres que ha llamado la atención es el de Paul Andrés Durango Hernández, accionista de Innovar Tecnología y Servicios S.A.S., una de las firmas que integra Pereira Avanza.
Sobre él, Tapia afirmó: “Tengo más de 10 años que no lo veo. Si lo hubiese visto ayer, tampoco tiene ningún inconveniente, una cosa no tiene nada que ver con la otra”.
El contrato, con un plazo de 21 años, quedó suspendido por orden de un juez tras una tutela presentada por la otra proponente, Promesa de Sociedad Futura Interrecaudo S.A.S., que alegó violación de derechos fundamentales en el proceso.
A esto se suman denuncias del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien ha alertado sobre posibles irregularidades y la cercanía de los empresarios detrás de la concesión con personas de “dudosa reputación”, como Tapia y Alfonso Hilsaca.
Pereira Avanza está compuesta por la firma española Heimdal Seguridad S.L. (20 %) y la barranquillera Innovar Tecnología y Servicios S.A.S. (80 %). En esta última figuran como accionistas, además de Durango, Juan Carlos Reatiga de la Hoz y José Luis González Simanca.
Según documentos revisados por El Tiempo, Durango fue representante legal suplente del Criadero Equino La Fe, bien que fue incautado a Tapia en un proceso de extinción de dominio.
También fue representante legal de AGM Desarrollos S.A.S., firma en la que aparecen personas cercanas a Hilsaca, según el medio citado.
Durango, sin embargo, niega cualquier relación actual con Tapia. Asegura que su vínculo con el criadero se dio en 2012 como suplente legal, cuando, dice, Tapia no enfrentaba aún procesos judiciales.
“A mí me ofrecieron ser el suplente del criadero unos amigos de Sahagún, de donde soy oriundo. En ese momento no sabía que la empresa era del señor Emilio Tapia”, explicó.
También insistió en que no ha sido socio ni accionista de Tapia y que no tiene investigaciones en curso por estos hechos.
Tapia también rechazó cualquier vínculo con Alfonso Hilsaca: “Con relación al turco Hilsaca, jamás en mi vida he visto a ese señor. Públicamente, se conocen todos los temas que ha tenido, pero no, en mi vida me he sentado con él, no lo conozco, no tengo ningún tipo de relación con él. Cero relaciones con él”.
La Procuraduría también está pendiente
A las advertencias de la Secretaría de Transparencia se sumó la Procuraduría General de la Nación.
En un documento firmado por el procurador delegado para la vigilancia preventiva de la función pública, Marcio Melgosa, se advirtió sobre la falta de justificación técnica en los requisitos exigidos para la licitación.
“Verificada la documentación del proceso, este organismo de control no ha podido identificar una justificación técnica que soporte su definición e incorporación al proceso”, señaló la Procuraduría, que solicitó a la entidad contratante un informe detallado sobre las decisiones adoptadas.
Pese a las alertas, la gerencia de Megabús decidió adjudicar el contrato a la unión temporal Pereira Avanza, lo que llevó a Idárraga a manifestarse en redes sociales: “Advertí, además, que esta concesión para el recaudo del sistema de transporte por más de 20 años, tiene detrás empresarios asociados a personas de dudosa reputación. Sin embargo adjudicaron”.
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