La tensión entre la justicia colombiana y las grandes multinacionales volvió a encenderse. El martes 8 de julio, la Fiscalía General de la Nación ordenó el embargo de dos oficinas de la petrolera anglofrancesa Perenco en Bogotá, así como de todos los bienes que se encontraban en su interior. La medida, valorada en cerca de 10 millones de dólares, responde a una investigación por supuesta financiación de grupos paramilitares durante el conflicto armado.
Un día después de conocerse la decisión judicial, la compañía emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica cualquier nexo con organizaciones ilegales. “Negamos cualquier relación histórica con grupos ilegales”, expresó la empresa, que además pidió que no se imponga ninguna penalización económica sin que haya “un proceso judicial”.
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Desde hace más de una década, exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mencionaron a Perenco en declaraciones ante la justicia transicional. Según sus testimonios, entre 1997 y 2005 habrían recibido “dinero, combustible, alimentación y transporte” por parte de la empresa a cambio de un supuesto “servicio de seguridad”. La Fiscalía sostuvo que esta relación habría permitido a la multinacional “incrementar su patrimonio” en el país.
Perenco opera en Colombia desde 1993 y actualmente mantiene operaciones en el departamento del Casanare, en el oriente del país. En su defensa, la empresa reiteró su “compromiso con el respeto a los derechos humanos”.
El caso recuerda otros procesos judiciales que también involucran a grandes compañías extranjeras. En 2024, una corte de Estados Unidos condenó a la bananera Chiquita Brands por financiar a las AUC. Además, altos directivos de la minera Drummond enfrentan juicio en Colombia por presuntos vínculos con ese mismo grupo armado.
Las acusaciones contra Perenco se suman así a una larga lista de investigaciones que apuntan a la participación empresarial en dinámicas del conflicto armado colombiano, un conflicto que ha dejado cerca de 10 millones de víctimas, entre ellas un millón de personas asesinadas y cerca de 200.000 desaparecidas.
Los acusados de Perenco
En el centro de la investigación que sacude hoy a la multinacional Perenco están dos figuras clave en su estructura operativa en Colombia durante la década de los 90 y los primeros años de los 2000. Se trata de Antenor Sarmiento, exgerente de distrito, y Ramiro Pinzón, que se desempeñó como supervisor de tierras. Ambos fueron acusados formalmente por la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado, tipificado como una conducta de lesa humanidad.
Sarmiento, según fuentes judiciales, habría sido el principal articulador de los vínculos entre la empresa y estructuras paramilitares en el departamento del Casanare. Con poder de decisión en operaciones estratégicas, su rol habría sido determinante en la implementación de acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), dos organizaciones ilegales que operaban con violencia en esa región.
Por su parte, Ramiro Pinzón, desde su posición como supervisor de tierras, habría facilitado la logística para el ingreso de estos grupos a zonas petroleras. De acuerdo con los investigadores, tuvo participación activa en reuniones, contactos directos con jefes armados y coordinación de entregas de recursos como combustible, alimentos, transporte y dinero.
Ambos habrían sostenido esa colaboración durante casi una década, entre 1996 y 2005, con el objetivo de asegurar protección armada en los pozos operados por Perenco. La Fiscalía sostiene que estas acciones fortalecieron a las estructuras paramilitares, al tiempo que contribuyeron al crecimiento patrimonial de la compañía.
Los dos exfuncionarios enfrentan ahora un proceso judicial bajo una calificación que impide la prescripción del delito y que refuerza la gravedad del caso. Mientras tanto, el expediente se suma a una serie de investigaciones que siguen revelando el papel de actores privados en el conflicto armado colombiano.
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