El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, deberá enfrentarse a la justicia, porque la Judicatura agendó para el próximo 28 de julio de 2025 una audiencia de imputación de cargos por presunta contratación irregular, caso que cuenta con otras dos personas involucradas.
La Fiscalía General de la Nación investiga a Krasnov por un contrato en 2024 de Ecovivienda con el abogado Juan Sebastián Ramírez, que también será imputado ante un juzgado de Control de Garantías el próximo lunes 14 de julio a las 4 de la tarde.
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Según la Fiscalía, en esa contratación por prestación se habrían presentado irregularidades.
Por este lío judicial también se encuentra Sara Catalina Pedraza, exgestora social de Tunja, que será imputada el 17 de julio de 2025.
El abogado Juan Sebastián Ramírez fue la persona que interpuso una demanda de nulidad electoral en contra del alcalde Krasnov en el Tribunal Administrativo de Boyacá.
Sin embargo, días después la retiró y pasó a ser contratado en Ecovivienda, a través de la administración municipal.
Esta no es el único problema judicial que enfrenta Mikhail Krasnov, debido a que la Procuraduría pidió que se confirme la sentencia que anuló su elección como alcalde de Tunja.
La Procuraduría Delegada Séptima ante el Consejo de Estado presentó un concepto solicitando que se confirme la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 27 de febrero, en la que se declaró la nulidad de la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, tras una demanda electoral.
El organismo de control argumentó que Krasnov habría incurrido en una causal de inhabilidad al suscribir un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en diciembre de 2022, cuando fue vinculado como docente hora cátedra. Esto ocurrió menos de un año antes de ser elegido como alcalde para el periodo 2024-2027.
Aunque el servicio académico fue impartido a distancia, la Procuraduría resaltó que el contrato tuvo efectos en Tunja, lo cual se considera relevante para establecer una relación territorial bajo la normativa vigente sobre inhabilidades.
Además, la entidad indicó que la UPTC, pese a tener autonomía universitaria y regirse por un modelo jurídico mixto, continúa siendo una institución pública, lo que fortalece el argumento sobre la restricción legal que habría sido transgredida.
El Ministerio Público sostuvo que la existencia de un interés directo en la firma del contrato representa un factor determinante dentro del análisis legal del caso. Por ello, solicitó que se mantenga la decisión de anular la elección, tal como fue determinado por el tribunal de primera instancia.
La determinación final corresponde al Consejo de Estado, que deberá resolver si confirma o revierte la sentencia que cuestiona la legalidad del nombramiento de Krasnov, quien tomó posesión del cargo en enero de 2024.
Ya en febrero, la Procuraduría había calificado provisionalmente como gravísima, a título de dolo, la conducta del mandatario local por haber presuntamente incumplido disposiciones legales relacionadas con inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés.
El Ministerio Público también advirtió que las acciones del alcalde habrían afectado el adecuado funcionamiento del servicio público, la imagen institucional y los intereses del Estado. A esto se suma el señalamiento sobre su responsabilidad de actuar como referente ante la ciudadanía y su equipo de gobierno.
En cuanto a otra denuncia por una presunta inhabilidad relacionada con su doble nacionalidad, la Procuraduría ordenó archivar ese proceso disciplinario. Sin embargo, informó a las partes sobre los beneficios derivados de la confesión o aceptación de cargos, así como del derecho a entregar su versión sobre los hechos.
La investigación preliminar se inició en enero de 2024, luego de la denuncia de una ciudadana. Como parte de la recolección de pruebas, se pidieron documentos relacionados con el contrato suscrito, entre ellos el soporte presupuestal, los estudios previos y los comprobantes de pago.
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