Corte Suprema suspendió juicio oral contra la excontralora Sandra Morelli: demanda asegura que se violó el debido proceso

En las últimas horas se conoció que la Corte Suprema de Justicia suspendió el juicio oral contra la excontralora Sandra Morelli, investigada por un presunto detrimento patrimonial tras firmar un contrato de arrendamiento superior a los 2.600 millones de pesos para una nueva sede de la Contraloría.

Lo anterior se da para estudiar una solicitud de nulidad presentada por su defensa, en la que se asegura que no hubo garantías procesales.

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Según informó Caracol Radio, el recurso fue presentado al inicio de la reanudación del juicio, tras más de una década de investigación por un contrato de arrendamiento firmado durante su gestión al frente de la Contraloría, entre 2010 y 2014.

La defensa alegó que “por violación del debido proceso, al derecho de defensa y para garantizar el derecho fundamental a la administración de justicia”, se debía declarar la nulidad del proceso en su totalidad.

La solicitud presentada por su equipo jurídico, sostiene que las actuaciones en su contra tendrían motivaciones políticas, dirigidas a afectar su imagen pública.

La exfuncionaria considera que las acciones judiciales han sido utilizadas como herramienta para desacreditar su labor durante el tiempo que ocupó el cargo.

Morelli ya había interpuesto un recurso similar anteriormente, alegando falta de defensa técnica. Sin embargo, esa solicitud fue resuelta por la Sala de Casación Penal, que determinó que el proceso debía continuar.

Cabe destacar que el caso gira en torno a un contrato de arrendamiento por más de 2.600 millones de pesos, suscrito por la excontralora para reubicar la sede de la entidad.

De acuerdo con las conclusiones de la Fiscalía General de la Nación, este acto contractual habría derivado en un detrimento patrimonial superior a los 12 mil millones de pesos, debido a presuntas irregularidades en la ejecución del acuerdo.

Por estos hechos, Sandra Morelli enfrenta cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

La suspensión del juicio queda supeditada a la evaluación de la nueva solicitud de nulidad. Mientras tanto, el caso permanece detenido, sin una fecha definida para su reanudación o resolución de fondo.

El tribunal analizará si se configura una afectación real a los derechos procesales de la excontralora y si existen fundamentos jurídicos suficientes para invalidar el procedimiento judicial seguido hasta el momento.

Excontralora Sandra Morelli quería ser Procuradora General

La excontralora general Sandra Morelli formalizó el año pasado su intención de postularse como procuradora general de la Nación. Morelli envió una carta al Consejo de Estado solicitando ser incluida en la terna que ese alto tribunal debería presentar al Senado para la elección del nuevo jefe del Ministerio Público.

El proceso de selección contemplaba que el Senado escogiera al nuevo procurador a partir de una terna integrada por candidatos nominados por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, debido a que la entonces procuradora, Margarita Cabello, dejaba el cargo desde el 15 de enero de 2025.

En su momento, Morelli hizo referencia al proceso judicial que enfrenta desde 2012, relacionado con un contrato de arrendamiento de la sede de la Contraloría durante su gestión, afirmó que “el tribunal negó la medida y dijo que no había pruebas; aunque antes de terminar la audiencia, dieron la noticia de acusación en un acto muy soberbio”.

La excontralora enfatizó que, a pesar de su situación judicial, no existía impedimento legal que le impida aspirar a la Procuraduría. Aseguró que la Corte Constitucional determinó que una resolución de acusación no constituye una causal de inhabilidad para ocupar dicho cargo.

En su misiva, dijo en su momento: “Si quieren un procurador transparente y eficiente, voten por mí; si quieren componendas, ahí tienen al resto de opciones”.

Tras varios candidatos para dicho cargo, finalmente el escogido fue Juan Gregorio Eljach Pacheco, un abogado y político colombiano, nacido en Fusagasugá, quien estudió derecho en la Universidad del Cauca en Popayán.