En un momento clave para la institucionalidad colombiana, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) hizo un llamado contundente a proteger y respaldar el trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En un pronunciamiento, la organización expresó su “plena confianza en la labor institucional que representa la Registraduría”, así como en la gestión del actual Registrador Nacional.
Lejos de tratarse de un gesto aislado, el mensaje de la Andi pone sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer las condiciones operativas, financieras y técnicas de una entidad que, en palabras del gremio, se consolidó como “un pilar fundamental de la democracia colombiana”.
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La declaración, emitida el 9 de julio desde Bogotá, no solo destacó los logros pasados de la Registraduría en términos de transparencia y confiabilidad, también hizo una solicitud directa al Gobierno nacional. En concreto, se exigió garantizar los recursos necesarios para que el organismo pueda cumplir a cabalidad su misión, ser garante del proceso electoral y de la estabilidad democrática del país.
Entre los aspectos que la Andi considera prioritarios se encuentran la financiación adecuada, el fortalecimiento del recurso humano, el respaldo tecnológico y la garantía de seguridad operativa. La organización insistió en que estos elementos no solo aseguran el correcto funcionamiento de la entidad, también refuerzan la confianza ciudadana, especialmente en contextos de alta participación política.
“Es preciso destacar y fortalecer su desarrollo, su objetividad y es necesario proteger su posición como garante de las elecciones de nuestro país”, señaló Bruce Mac Master, presidente del gremio, que añadió que, “la Registraduría representa uno de los mayores símbolos de la democracia, y corresponde a todos los demócratas respaldar su gestión”.
El mensaje también señaló que el respaldo a la Registraduría no debería venir únicamente desde el sector empresarial, sino desde todos los actores de la sociedad. “Es de suma importancia que toda la sociedad rodee y respalde esta entidad y la capacidad que tiene de cumplir a cabalidad su papel”, expresó la Andi, recordando que la confianza institucional no se decreta, se construye y se protege de manera colectiva.
Al cerrar su comunicado, la asociación reafirmó su compromiso con la democracia y la institucionalidad como motores esenciales del desarrollo nacional. “Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad en Colombia, elementos esenciales para la estabilidad, el desarrollo social y el bienestar de la ciudadanía”.
En un contexto donde la confianza institucional se ve debilitada, el respaldo explícito de un actor influyente como la Andi aporta estabilidad y refuerza el valor de las entidades que sostienen el sistema democrático. Esta manifestación pública no solo reconoce el papel técnico de la Registraduría, también reafirma la importancia de proteger, desde todos los sectores, los principios que garantizan el equilibrio institucional del país.
¿Qué dijo Petro?
En medio de un proceso millonario que definirá quién organizará las elecciones de 2026, el presidente Gustavo Petro volvió a poner en duda las garantías electorales en el país. Esta vez, su señalamiento fue directo: “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”, escribió en su cuenta de X la noche del martes 8 de julio.
La advertencia del mandatario coincide con la inminente adjudicación del contrato por 2,1 billones de pesos para logística electoral. El único oferente es la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, integrada por Thomas Greg & Sons, empresa que participó históricamente en estos procesos. Y es justamente esa continuidad lo que generó recelo en la Casa de Nariño.
Petro fue persistente en sus críticas. El 2 de julio ya había lanzado una acusación directa: “¿Qué garantía podemos tener en las próximas elecciones, si el exregistrador, registrador, y el Consejo Electoral han actuado contra nuestros derechos?”.
Ese mismo martes, el presidente también cuestionó el papel de la Procuraduría, a propósito del caso pasaportes. Señaló que el Ministerio Público “impidió la investigación de libre competencia sobre Thomas and Greg [sic]”, y sugirió que viejas alianzas políticas estarían bloqueando decisiones del Ejecutivo.
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