Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia, habría sido incluido en una circular roja de Interpol.
Esta medida permitiría su captura en cualquier país que coopere con Interpol, a menos que González logre revocar la orden en la sede central en Lyon, Francia, según el medio La Fm.
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La Fiscalía le atribuye cargos de corrupción relacionados con el escándalo por la compra de carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Su abogado Iván Cancino ya habría solicitado la anulación de la circular, argumentando que el caso se basa en el testimonio de un “testigo mentiroso, con ánimo de revancha y motivaciones políticas”. Mientras se resuelve ese recurso, González no podría salir del país.
El jueves 3 de julio, un juez del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención preventiva de González y de uno de sus colaboradores de confianza, por los presuntos delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.
Durante la audiencia, se indicó que González posiblemente se encuentra en Nicaragua, lo que, según el juez, representa un riesgo real de no comparecencia.
Las autoridades han dispuesto el seguimiento de sus cuentas, líneas telefónicas y registros migratorios.
De acuerdo con la fiscal del caso, María Cristina Patiño, “las órdenes vinieron de González, quien para entonces ocupaba uno de los cargos de mayor poder en el Ejecutivo, porque requiere gran confianza del mandatario”.
La Fiscalía sostiene que desde la Casa de Nariño se habría diseñado un esquema para inflar un contrato de 46.800 millones de pesos (más de once millones de dólares), con el objetivo de desviar fondos hacia sobornos a congresistas a cambio de respaldo político.
Entre los señalados están los expresidentes del Congreso Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), quienes habrían recibido, respectivamente, tres mil millones y mil millones de pesos en efectivo entre octubre y diciembre de 2023.
Ambos fueron enviados a prisión en mayo, tras orden de la Corte Suprema de Justicia.
González ha rechazado las acusaciones y calificó la imputación como “calumnias sin fundamento”. Su defensa anunció la apelación de la decisión judicial.
Iván Name niega haber confirmado entrega de sobornos
A raíz de la medida de aseguramiento dictada sobre González, surgió una fuerte polémica en torno al papel de Iván Name en el caso.
La Fiscalía citó como prueba una indagatoria rendida por Name el 5 de noviembre de 2024 ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la que —según el fallo judicial— habría confirmado que durante un desayuno en septiembre de 2023, en residencias Tequendama, conoció de la entrega de una coima gestionada por González Merchán.
Ante esta versión, Name negó categóricamente haber hecho tal afirmación.
En un extenso comunicado público, aseguró: “En ningún momento realicé una afirmación en ese sentido, por el contrario, manifesté que no es cierto nada de aquello que ha sido dicho en mi contra”.
El exsenador, actualmente recluido en una cárcel de Bogotá, argumentó que los señalamientos en su contra se basan en testimonios de “confesos delincuentes que buscan beneficios judiciales” y advirtió que la tergiversación de su declaración está vulnerando derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
Name también defendió su historial como congresista y afirmó que durante su gestión como presidente del Senado entre 2023 y 2024, mantuvo una “línea de conducta ética” que contradice los señalamientos que ahora enfrenta.
Reiteró su disposición a colaborar con la justicia, pero insistió en que “nunca existió ningún acuerdo con ningún funcionario del Gobierno Nacional”.
Mientras tanto, el proceso judicial avanza en medio de un creciente escándalo político que compromete a figuras clave del Ejecutivo y del Legislativo.
La posible inclusión de González en la circular roja de Interpol marca un nuevo capítulo en el caso, con repercusiones que podrían extenderse a nivel internacional.
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