Para el lunes 28 de julio de 2025 está previsto que el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá publique su decisión final sobre la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras ser acusado de los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.
Así lo dio a conocer la jueza del caso Sandra Liliana Heredia, al término de la última jornada de alegatos finales por parte del exmandatario colombiano, realizada el martes 8 de julio.
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En caso de que el expresidente colombiano sea declarado como culpable de los delitos mencionados, podría enfrentar una pena de prisión de hasta 12 años, según lo estipulado en el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000).
“El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años (Art 453)”, señala la normativa en el caso del delito de fraude procesal.
En cuanto a los delitos de soborno en actuación penal y soborno a testigos, la ley establece el mismo periodo de prisión, al igual que la misma multa económica.
No obstante, en caso de que el expresidente Álvaro Uribe sea hallada responsable de los tres delitos en cuestión, y estos no se consideran una sola conducta punible (es decir, no hay concurso aparente de delitos), la pena podría acumularse, dentro de los límites establecidos por el Código Penal para el concurso de conductas punibles (Artículo 31).
Prisión domiciliaria para Álvaro Uribe
Sin embargo, el abogado Francisco Bernate, al ser consultado por Infobae Colombia, señaló que el escenario propicio para el expresidente sería una pena entre 7 y 9 años en detención domiciliaria, al considerar que el actual procesado por la justicia no cuenta con sentencias en su contra.
“Tenemos dos delitos, cada uno con una pena de prisión de 6 a 12. Atendiendo que la persona no tiene antecedentes penales, nos vamos a ubicar en una pena entre 7 y 8 años (...) En Colombia, cuando la pena no supera los 9 años de prisión, es procedente la prisión domiciliaria, ya que estas tipologías no la excluyen”, indicó el jurista.
Ante esta situación, las partes mantienen su expectativa frente a la determinación que adoptaría la togada del proceso. Mientras que las víctimas aguardan porque Uribe sea condenado, la defensa del expresidente insiste en la inocencia del político colombiano.
Cronología del caso
El proceso judicial comenzó en 2012 cuando el exmandatario denunció al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuestos vínculos con grupos paramilitares. Sin embargo, en 2018, el alto tribunal decidió absolver al hoy congresista del Pacto Histórico e inició una investigación contra el exjefe de Estado por supuesta manipulación de testigos.
Luego de que en 2019 rindiera su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, en agosto de 2020, el alto tribunal ordenó su detención domiciliaria por riesgo de obstrucción a la justicia.
Sin embargo, al estar bajo la figura de Senador de la República, y su posterior renuncia a su curul en el Congreso, el caso fue transferido a la Fiscalía General de la Nación, ente que en dos oportunidades pidió la preclusión del caso, argumentado falta de pruebas contra el exmandatario, pero que fue negada por la jueza de conocimiento.
Posteriormente, en abril de 2024, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Uribe por fraude procesal y soborno a testigos, por lo que dio inicio al juicio contra el expresidente colombiano ante el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá.
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