Privación de acceso a medicamentos esenciales y la imposibilidad de dormir por la iluminación constante las 24 horas conforman apenas parte del escenario descrito desde el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, situado a unos 80 kilómetros al oeste de Miami.
De acuerdo con la denuncia del colombiano identificado como Juan Pablo Jaramillo, uno de los primeros internos en este nuevo recinto, conocida por La W a través de intermediarios, permanece privado de su libertad en condiciones extremas y sin garantías básicas de salud e higiene.
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Según comentó el colombiano, lleva tres días sin recibir los medicamentos que debe consumir dos veces al día debido a una condición médica crítica.
“Estoy al borde de perder la cabeza”, expresó al referirse a las consecuencias de no tener acceso al tratamiento prescrito.
Describió además la imposibilidad de conciliar el sueño ya que las luces del recinto permanecen encendidas todo el día y la noche, lo que sumado a la falta total de acceso a duchas, baños y condiciones mínimas de limpieza complica todavía más su situación.
“No le están dando medicinas a la gente que tiene problemas de salud. No tenemos acceso al agua. No podemos salir a la yarda a tener recreación. Me quitaron la Biblia y dijeron que aquí no hay derecho a la religión. Mi Biblia es lo único que me mantiene con fe, y ahora la estoy perdiendo”, narró el migrante colombiano.
De esta manera, el interno describió la carencia de garantías elementales, como el derecho a la libertad religiosa y a la salud, dentro de la instalación migratoria inaugurada recientemente.
Los reportes sobre la falta de higiene en el centro no provienen únicamente de Jaramillo. Otros testimonios dan cuenta de infestaciones de mosquitos gigantes, heces en el suelo, temperaturas insoportables y alto nivel de hacinamiento.
Además, se suman denuncias que apuntan a la imposibilidad de los internos para contactar abogados o recibir información detallada sobre el estado de sus procesos legales.
Tres colombianos fueron incluidos en la lista de lo “peor de los peores” de Estados Unidos
“Guantánamo alberga a los peores entre los peores: depredadores de menores, violadores, asesinos. Nuestra postura es clara: los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”, afirmó la portavoz del Departamento para la Seguridad Interna (DHS), Tricia McLaughlin, al detallar la nueva estrategia del gobierno de Estados Unidos para enfrentar la inmigración ilegal con antecedentes criminales.
La administración de Donald Trump ha ordenado el traslado de casi treinta inmigrantes ilegales, considerados por el DHS como “los más violentos y peligrosos”, a la Base Naval de Guantánamo en Cuba, en una medida que marca un cambio radical en el uso de esta instalación, tradicionalmente reservada para sospechosos de terrorismo internacional.
La decisión, respaldada por el DHS y ejecutada tras instrucciones directas de la Casa Blanca, incluye la reubicación de extranjeros con antecedentes criminales graves.
El martes 8 de julio, se publicó la lista oficial de los trasladados, entre los que figuran tres ciudadanos colombianos, todos condenados por delitos graves en territorio estadounidense.
El listado, apodado internamente como “los peores de los peores”, también incorpora individuos originarios de Honduras, China, India, Rumanía, El Salvador, Guatemala, Vietnam, Venezuela y Reino Unido.
Entre los colombianos trasladados se encuentra Ramiro Villanueva, sentenciado por tráfico de cocaína tras liderar una red de transporte de estupefacientes desde América Latina hacia la costa este de Estados Unidos. Su captura se produjo en Miami en 2023, como resultado de una operación conjunta entre la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional.
El segundo colombiano, Luis Fernando Ospina Tabarez, fue hallado culpable de tráfico de heroína. Durante su proceso judicial, se documentó su papel como intermediario de una organización transnacional con conexiones en laboratorios clandestinos del sur de Colombia y puntos de distribución en Nueva York y Chicago.
El tercer colombiano, Brayan Vásquez-Montero, fue condenado por asalto agravado con arma, y documentos judiciales lo relacionan con una serie de ataques armados en Houston, Texas, que dejaron varios heridos.
Las autoridades estadounidenses subrayaron que tanto estos ciudadanos colombianos como los otros trasladados representan “una amenaza severa para la seguridad pública”, debido a la naturaleza extremadamente violenta de sus delitos, que según el DHS incluyen asesinatos, tráfico de narcóticos y abuso sexual infantil.
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