Agmeth Escaf tendrá que responder por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña: el congresista y su colega Pedro Flórez fueron citados por la Corte Suprema

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a rendir versión libre a los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez, ambos pertenecientes al partido de Gobierno Pacto Histórico, como parte de una indagación preliminar sobre supuestas irregularidades en la financiación de sus campañas electorales.

La diligencia judicial fue programada por el despacho del magistrado César Augusto Reyes, que tiene a su cargo el expediente.

Las comparecencias están previstas para el próximo lunes 22 de julio en la sede de la Sala de Instrucción, ubicada en el centro de Bogotá. Según el cronograma establecido, el senador Pedro Flórez deberá presentarse a las 8:30 a. m., mientras que el representante Agmeth Escaf lo hará a las 2:30 p. m.

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La investigación previa tiene como eje determinar si recursos destinados inicialmente a la campaña presidencial de Gustavo Petro fueron eventualmente canalizados hacia las campañas al Congreso de los dos legisladores, sin que dichos aportes hubieran sido debidamente registrados ante las autoridades electorales.

Este proceso se originó a raíz de señalamientos realizados por Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, durante una serie de declaraciones entregadas en el marco de otros procesos judiciales.

En ese contexto, se indaga si hubo desvío o uso no reportado de fondos en campañas políticas desarrolladas durante el ciclo electoral más reciente.

Antes de estas citaciones, el magistrado Reyes había recabado testimonios de varias personas involucradas o mencionadas en relación con el caso.

Entre ellas se encuentran el empresario Euclides Torres y Santander Lopesierra, conocido como “El hombre Marlboro”. Las diligencias anteriores se llevaron a cabo tanto en Bogotá como en la ciudad de Barranquilla.

Contexto de la diligencia

Dentro del mismo proceso judicial que involucra a Nicolás Petro, la Fiscalía General de la Nación sostiene que este habría recibido más de 1.000 millones de pesos de parte de Lopesierra y Gabriel Hilsaca, bajo la supuesta intención de destinarlos a la campaña presidencial de 2022. De acuerdo con el ente acusador, esos fondos se depositaron en una caja fuerte personal compartida con Daysuris Vásquez, entonces pareja sentimental de Nicolás Petro, y no se reportaron ante las autoridades electorales, tal como publicó Colprensa.

Con esta indagación busca esclarecer el eventual ingreso de financiamiento irregular a las campañas legislativas de 2022 del Pacto Histórico, a raíz de las declaraciones y pruebas recopiladas a lo largo del proceso.

El desarrollo de este procedimiento judicial pone en el centro de atención la transparencia en el financiamiento de campañas políticas y la supervisión efectiva de los movimientos de fondos a través de organismos como el Consejo Nacional Electoral.

Tribunal de Bogotá rechazó recurso de defensa de Nicolás Petro

La defensa de Nicolás Fernando Petro Burgos no logró acceder a información adicional sobre el proceso penal en su contra, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá desestimó el recurso de insistencia presentado por su abogado, Pedro Alejandro Carranza Cepeda.

La decisión del alto tribunal dejó en firme quela Fiscalía General de la Nación ya entregó toda la documentación y datos exigidos por la ley en el expediente donde se investiga al hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro.

En horas de la tarde del lunes 7 de julio, de acuerdo con la información publicada, la Sala del Tribunal Superior de Bogotá resolvió declarar improcedente el mecanismo jurídico que buscaba obligar a la Fiscalía a proporcionar más detalles sobre el caso. El proceso se abrió bajo los cargos de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en el expediente identificado como 2500 0234 1000 2025 00776 00, cuya parte demandante es Nicolás Fernando Petro Burgos.

La providencia del tribunal especificó que la Fiscalía contestó formalmente las solicitudes de la defensa, aunque consideraron que la respuesta había sido “materialmente evasiva, imprecisa y jurídicamente insatisfactoria”. Sin embargo, como la entidad investigadora no argumentó la reserva de la información y cumplió formalmente con la entrega de los materiales requeridos, el tribunal concluyó que el recurso legal interpuesto por la defensa no resulta procedente.