La imagen del profesor Diego Torres apareció pegada en los muros de la Universidad Nacional de Colombia acompañada de una frase inquietante: “¡Alerta! El gran hermano te vigila”. No se trataba de una intervención artística ni de un ejercicio académico. Era una serie de carteles que, sumados a varios grafitis, formaron lo que el docente denuncia como una campaña sistemática de intimidación en su contra.
Torres, que representa al cuerpo profesoral ante el Consejo Superior Universitario (CSU), asegura que los ataques tienen un objetivo político, silenciarlo. Y culpa directamente a la actual administración, liderada por el rector Leopoldo Múnera, de permitir un ambiente donde este tipo de hostigamientos no solo ocurren, sino que quedan sin respuesta institucional efectiva.
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“El silencio y la falta de acción total de la administración de la Universidad Nacional es un cómplice preocupante”, declaró el profesor. También afirmó que iniciará acciones legales por reparación directa contra los directivos de la universidad y responsabilizó a Múnera “de cualquier afronta contra mi integridad física”.
La denuncia no pasó desapercibida. Desde diferentes sectores salieron voces de apoyo al académico. El Sindicato de Empleados Públicos Docentes de la Universidad Nacional expresó su respaldo y condenó los hechos. Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, también se pronunció. “Esto no puede ser admitido y tolerado en la Universidad Nacional. Mi solidaridad con el profesor Torres y con los otros miembros de la comunidad universitaria que sufren este tipo de violencia que se está viviendo en la Universidad”, escribió Bonilla en sus redes sociales.
Los carteles siguen allí, visibles en algunos pasillos del campus, y el mensaje que envían es claro. Frente a esto, Torres pidió reiteradamente que sean retirados. Sin embargo, según denuncia, no hubo una respuesta contundente por parte de la Rectoría.
Ante la presión mediática y las declaraciones del docente, el rector Leopoldo Múnera emitió un comunicado en el que explicó las medidas adoptadas hasta ahora. En el documento se afirma que la Universidad Nacional ya había solicitado protección para Torres ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), e incluso destinó recursos presupuestales desde septiembre de 2024 para implementar medidas de seguridad.
Pero el punto más sensible de la discusión gira en torno a la negativa institucional de retirar los carteles y grafitis. ¿La razón? Según la Universidad, hacerlo implicaría ponderar derechos fundamentales como el buen nombre, la honra y la libertad de expresión, lo cual —aseguran— solo puede hacerlo un juez.
“La regla general a la cual se somete la Universidad, como parte de una sociedad democrática y plural, es la de garantizar la libre expresión, en un entorno que se fundamenta en el diálogo crítico, pluralista y divergente”, dice el comunicado firmado por Múnera. Y añade: “Reiteramos nuestra solidaridad con el profesor Torres y dentro del marco del Estado de derecho continuaremos realizando todas las gestiones para su protección dentro del límite de nuestras competencias”.
Las palabras del rector no calmaron los ánimos. Para Torres, esta posición institucional equivale a un permiso tácito para continuar con las amenazas. “Es una carta abierta para que las amenazas contra miembros de la comunidad académica continúen”, replicó con contundencia.
Mientras la Rectoría insiste en su papel garantista y apegado a la ley, Torres exige una actuación más decidida frente a los ataques. La comunidad universitaria, entre tanto, observa con preocupación cómo un conflicto interno escala hasta convertirse en un debate nacional sobre seguridad, autonomía y derechos. Por ahora, los carteles siguen ahí. Y con ellos, la pregunta sobre quién cuida a quienes piensan diferente dentro de la Universidad pública.
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