Por su negativa a reconocer participación en actos de violencia reproductiva cometidos en el conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir el caso de Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido como alias el Enfermero o el “Médico”, a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para que se adelante un proceso penal adversarial.
La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad se conoció luego de que el compareciente negara de forma reiterada su participación en abortos forzados a mujeres y niñas reclutadas por las extintas Farc.
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Arboleda ha sido señalado por diversas fuentes, incluidas víctimas y sentencias de la justicia ordinaria, como responsable de realizar procedimientos abortivos forzados en condiciones insalubres a mujeres integrantes de las Farc, del ELN, del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), así como a mujeres indígenas y afrocolombianas entre 1997 y 2004.
A pesar de este historial, en su versión voluntaria ante la JEP, el compareciente rechazó cualquier nexo con la antigua guerrilla y negó haber sido parte del Bloque Noroccidental de las Farc, contradiciendo incluso fallos judiciales en su contra.
Se rompe el camino dialógico: posible condena de hasta 20 años
“La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que es a través de un proceso adversarial, y no de un trámite dialógico, que se deberá resolver la situación jurídica de este compareciente”, anunció la JEP en un comunicado. De ser acusado formalmente por la UIA ante el Tribunal para la Paz, alias el Enfermero podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.
Esta remisión se da como parte del macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano, y en el cual hasta la fecha han sido reconocidas 10.253 víctimas. El caso busca esclarecer las múltiples formas de violencia a las que fueron sometidos menores de edad en los campamentos guerrilleros, entre ellas la violencia sexual, reproductiva y de género.
Condena previa y reiterada negación de responsabilidad
En mayo de 2020, Arboleda fue condenado por la justicia ordinaria a 40 años de cárcel por practicar abortos forzados a mujeres y niñas reclutadas por las Farc. Las investigaciones demostraron que, como integrante del Bloque Noroccidental, llevó a cabo estas intervenciones médicas en condiciones precarias y sin consentimiento.
No obstante, el compareciente insistió en su inocencia ante la JEP, razón por la cual perdió el beneficio de transitar por un proceso dialógico, reservado para quienes aceptan su participación y aportan verdad plena.
El caso de Arboleda se conecta con hallazgos más amplios hechos por la JEP como parte de sus macrocasos. En junio de 2023, fue citado a declarar junto con la exsenadora Victoria Sandino, también compareciente ante la Jurisdicción, por su presunta vinculación con casos de reclutamiento y violencia reproductiva al interior de las Farc.
La decisión de trasladar el caso de Héctor Arboleda a la Unidad de Investigación y Acusación confirma que, aunque la JEP fue concebida como un tribunal restaurativo, también contempla mecanismos de justicia punitiva cuando no hay reconocimiento de verdad o responsabilidad.
En ese sentido, la eventual acusación de alias el Enfermero ante el tribunal de la paz podría sentar un precedente clave en la sanción de delitos de violencia sexual y reproductiva cometidos durante el conflicto armado colombiano.
Con esta determinación, la Jurisdicción Especial para la Paz anunció que “reafirma su compromiso con los derechos de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad”, al tiempo que deja claro que el negacionismo y la falta de colaboración con la justicia no tienen cabida en los procesos de reconciliación y reparación.
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