La suspensión de la cooperación militar directa por parte de Estados Unidos hacia Colombia tendría efectos inmediatos sobre la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad colombianas, porque debilitaría la lucha contra redes criminales y amenazas transnacionales.
Este riesgo se suma a una creciente preocupación en círculos diplomáticos y de análisis, ante el deterioro sin precedentes en la relación bilateral a raíz de decisiones y pronunciamientos recientes por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según expertos consultados por Noticias Caracol, como María Teresa Aya, el llamado a consultas del encargado de negocios interino estadounidense en Colombia constituye un severo mensaje de advertencia de la administración del país norteamericano, y marcaría una coyuntura compleja para la política internacional colombiana.
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El gesto diplomático estadounidense responde a dos hechos relevantes: por un lado, la suspensión de la extradición de alias Mocho Olmedo, miembro de las disidencias de las Farc, pese a la autorización de la Corte Suprema de Justicia; y, por otro, las declaraciones de Gustavo Petro en las que insinuó ante senadores y diplomáticos estadounidenses la supuesta existencia de un plan de golpe de Estado en Colombia, según un análisis de Caracol Radio.
El coronel (r) Carlos Javier Soler, especialista en seguridad y conflicto, en entrevista con Caracol Radio, sostuvo que “esas afirmaciones ofenden el espíritu de los estadounidenses, sobre todo cuando se trata de congresistas o diplomáticos”, y advirtió que la respuesta de Washington podría ir mucho más allá del simbolismo diplomático.
Dentro de esas consecuencias operativas derivadas de la tensión diplomática, se encuentra los 25 helicópteros de asalto utilizados por la Policía Antinarcóticos y gestionados por Estados Unidos quedarían fuera de operación, dado que Washington asumiría su mantenimiento y la autorización de uso quedaría en suspenso.
De igual manera, el suministro de imágenes satelitales en tiempo real, herramientas imprescindibles para las fuerzas especiales y las unidades antidrogas, podría verse interrumpido, afectando procedimientos de captura, allanamiento e inteligencia.
Pese a dicha amenaza posible de debilitamiento, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el 2 de julio, anunció en un comunicado de prensa la donación de material de guerra y base militar a Colombia “una nueva instalación de alojamiento para el Centro de Entrenamiento Avanzado de Ala Rotatoria en Tolemaida”.
En el terreno de la capacitación, EE.UU. congelaría la formación de mandos colombianos en derechos humanos, amenazas emergentes y estudios estratégicos, además de interrumpir el acceso a cursos en territorio estadounidense, limitando el desarrollo profesional de oficiales y suboficiales.
Otro aspecto clave sería la interrupción del suministro de munición de calibre 5,56 para fusiles M16, una decisión que impacta a las unidades de élite dedicadas a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
A estas restricciones, se sumarían trabas para el acceso a tecnologías sofisticadas como sistemas tácticos de vigilancia aérea, imágenes térmicas, interceptación de comunicaciones y plataformas de ciberinteligencia asistidas por inteligencia artificial, según especificó el medio colombiano.
Estas limitaciones, explicó Soler, exponen a Colombia a riesgos en su seguridad nacional, dado que
El soporte que Estados Unidos brinda a Colombia en materia de seguridad y defensa ha sido históricamente amplio. Incluye entrenamiento y asesoría directa a fuerzas especiales, inteligencia, antinarcóticos y lucha contra el terrorismo; dotación de equipos como helicópteros UH-60 Black Hawk, vehículos blindados y sistemas de comunicación de avanzada; intercambio de inteligencia estratégica y táctica, acceso a imágenes satelitales en operaciones contra el narcotráfico, así como apoyo en ciberseguridad y vigilancia electrónica.
EE.UU. también financia, a través de iniciativas como la Iniciativa de Seguridad para América Latina (Ilsi), la Policía Nacional y el desarrollo alternativo en zonas de alta conflictividad.
Esta cooperación se complementa con participación conjunta en ejercicios multinacionales, coordinación frente a amenazas emergentes y apoyo diplomático ante organismos multilaterales como la Otan y la OEA.
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