La consulta fue solo la primera jugada: Petro afina su maquinaria para 2026 en medio de una crisis institucional, según la oposición

La consulta popular ya no va, pero la estrategia que la impulsó sigue marcando el pulso político. Aunque el decreto fue archivado y el intento frenado, la propuesta del presidente Gustavo Petro dejó ver mucho más que una intención puntual, reveló una fórmula de confrontación que, para sectores de la oposición, pone en jaque al sistema institucional colombiano.

La senadora Paola Holguín, una de las voces más críticas frente al Gobierno, sostuvo que esta ofensiva responde a un patrón. Para ella, no fue un simple error de procedimiento. “La consulta popular propuesta por Petro no solo es innecesaria, también es inconstitucional”, declaró en entrevista con Infobae Colombia. Según explicó, el Senado ya había rechazado el trámite, y sin esa aprobación, el Ejecutivo no tenía facultades para convocarla. “La Constitución es clara, solo si el Senado aprueba la consulta, puede el Gobierno avanzar. Sacarla por decreto es ilegal”, insistió.

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Más que un asunto jurídico, Holguín planteó una lectura política, el “decretazo”, como lo calificó, fue un intento deliberado por usar mecanismos de participación como plataformas de campaña. Una forma de poner la institucionalidad al servicio del proyecto político del mandatario. “Se están convirtiendo en banderas más electorales que de Gobierno”, advirtió.

La preocupación de fondo no es solo legal, sino estructural. Holguín considera que el uso de figuras como la consulta o incluso una posible constituyente apunta a un mismo fin, debilitar el Congreso, tensionar a la justicia, y erosionar los equilibrios del poder. “Esto fue un intento de saltarse la decisión soberana del legislativo. Una burla al Congreso”, denunció.

Un choque institucional sin precedentes

El intento de revivir por esta vía la reforma laboral, ya archivada por la Comisión Séptima del Congreso, refuerza su hipótesis, el Gobierno estaría buscando caminos paralelos para imponer su agenda, sin importar los límites institucionales. En palabras de la senadora, “la insistencia del Gobierno en impulsar reformas por vías paralelas a las institucionales no solo es antidemocrática, sino parte de una estrategia de confrontación sistemática”.

La dimensión económica del intento también generó alarma. Según datos del registrador nacional, el costo de la consulta habría superado los 750.000 millones de pesos, una cifra “inadmisible en el actual contexto de crisis fiscal”, señaló Holguín. Más aún cuando, desde el punto de vista técnico, organizar un evento de ese calibre para el 7 de agosto, como ordenaba el decreto, era logísticamente inviable. Se requieren, al menos, tres meses de preparación. “Nosotros nunca habíamos tenido un enfrentamiento tan profundo entre estos dos poderes”, recordó Holguín.

El punto de inflexión llegó con la negativa del registrador nacional a convocar la consulta, a pesar de la orden presidencial. La razón, un conflicto de competencias sin precedentes recientes. Para Holguín, ese acto fue “un ejercicio de responsabilidad institucional. El registrador entendió que no podía someter al país a un posible detrimento patrimonial de semejante magnitud sin claridad sobre la legalidad del proceso”.

¿Consulta o estrategia electoral?

Más allá de los aspectos jurídicos y administrativos, Holguín advierte sobre una intencionalidad política en la insistencia del Gobierno por impulsar mecanismos como la consulta o incluso una posible constituyente. “Se están convirtiendo en banderas más electorales que de Gobierno”, dijo.

Según su lectura, Petro no solo busca polarizar al país para consolidar una base política fiel, sino que podría estar barajando estrategias para perpetuarse en el poder, ya sea personalmente o a través de un sucesor. Incluso sugirió que la escalada de tensión institucional podría tener como objetivo obstaculizar las elecciones de 2026. “Pareciera que estuvieran preparando el terreno para impedir que se vote. No lo descarto”, sostuvo.

En ese contexto, Holguín considera que cada decisión del Ejecutivo que tensiona al Congreso, a la justicia o a los entes de control es parte de un patrón. Desde la convocatoria a consulta sin autorización del Senado, hasta los discursos agresivos contra la prensa o la oposición, la senadora ve una línea de acción clara, debilitar las instituciones y legitimar la confrontación.

Mientras tanto, el país se mantiene en vilo, con una economía frágil, una ciudadanía dividida y un calendario electoral que se acerca, el episodio de la consulta deja más preguntas que respuestas.