Las calles industriales del barrio Franklin, en pleno corazón de Santiago de Chile, viven hoy una realidad marcada por la violencia y el avance de organizaciones criminales colombianas.
En los últimos años, la disputa entre los grupos Shottas y Espartanos —con origen en Buenaventura, Valle del Cauca— ha cruzado fronteras, instalando una ‘franquicia del crimen’ a más de cinco mil kilómetros de Colombia.
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Este fenómeno revela cómo el conflicto armado y el narcotráfico se internacionalizan y modifican la seguridad en ciudades del continente.
Las autoridades de Santiago detectaron desde hace una década la presencia de integrantes de estas bandas en Chile.
Inicialmente miembros de La Local, grupo criminal originado en Buenaventura, se consolidaron como Shottas y Espartanos, facciones enfrentadas que exportaron su conflicto, su modelo de microtráfico y extorsión y hasta sus prácticas violentas hacia sectores vulnerables del país austral.
La dinámica criminal de estos grupos se instaló en el barrio Franklin y en su centro comercial Persa Biobío, un sector en el que la informalidad, el comercio y la migración confluyen desde hace más de cuarenta años.
La lucha por el control territorial en Buenaventura ha costado centenares de vidas en Colombia y ha forzado al desplazamiento a miles de personas.
Allí, en la principal ciudad portuaria del Pacífico, se gestó el auge de bandas criminales como La Empresa y La Local, cuyos líderes fueron capturados o huyeron, reorganizándose bajo nuevas estructuras.
En la investigación llevada a cabo por El Tiempo, se indicó uno de sus principales cabecillas, Diego Fernando Bustamante Segura, “Diego Optra”, permanece en el extranjero —las autoridades lo ubican en España— y continuó con su estilo de vida lujoso, a pesar de los procesos judiciales en su contra. Su grupo, Shottas, sigue siendo uno de los más poderosos del puerto colombiano.
Asimismo, Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias Mapaya, cabecilla de los Espartanos, consolidó su poder desde la clandestinidad. Tras obtener casa por cárcel en 2021 y luego fugarse, se volvió uno de los sujetos más buscados en Buenaventura. Ambos, desde el exilio, continúan liderando a sus huestes, disputando con sangre y amenazas la preeminencia criminal en Buenaventura y, ahora, más allá de las fronteras.
La llegada de ambas facciones a Chile no fue casual. Desde 2012, informes de la policía y la inteligencia colombiana señalaban la estrategia de los grupos para usar los puertos chilenos, en especial Valparaíso y Antofagasta, como puntos de tránsito de cocaína hacia otros países.
El objetivo era claro: no solo enviar cargamentos, sino instalar parte de sus estructuras y controlar el microtráfico en ciudades como Santiago.
El barrio Franklin amalgama historia, comercio y migración, pero comenzó a ser conocido como la ‘pequeña Buenaventura’. Allí, los detectives chilenos identificaron células de los Espartanos, lideradas por personajes como Luis Eduardo Cuadros González, alias El Burro, que ingresó ilegalmente a Chile en 2016 y ejerció un papel relevante en la organización delictiva.
Su ascenso se consolidó después de la captura de otros cabecillas, y de inmediato se vinculó con jóvenes afrocolombianos, que, junto a chilenos, se dedicaron a vender y recibir droga en el sector conocido como Persa Biobío. Entre los colaboradores figuró Camel Viveros.
El Pasillo 17 del Persa Biobío se transformó en un punto crítico, en el que se concentra la actividad de narcomenudeo y la comercialización de objetos robados. Los comerciantes y habitantes del sector relatan un incremento de extorsiones, delitos que antes, dicen, no eran comunes.
Las autoridades chilenas confirmaron que las bandas colombianas reclutan jóvenes, ejercen control sobre bodegas, locales comerciales, y se valen hasta de llantas de automóviles en los estacionamientos para ocultar droga.
Los operativos de la Policía de Investigaciones (PDI) han resultado en decenas de capturas e incautación de celulares robados y drogas.
Sin embargo, la violencia se mantiene. Durante 2024, la Fiscalía chilena documentó múltiples homicidios, entre ellos el de un joven dueño de una barbería y una arrendataria que reclamó el pago de alquiler. Ambos fueron asesinados de disparos a la cabeza, modus operandi utilizado en Colombia.
El proceso de internacionalización de los grupos arrancó con la fragmentación de la Local en Buenaventura, después de la captura de sus fundadores y el surgimiento de Shottas y Espartanos.
La guerra por el control de sectores estratégicos —como las comunas 3, 4, 10 y 12, rutas clave para el tráfico de cocaína— provocó un aumento de homicidios y desplazamientos urbanos.
A medida que la presión de las autoridades colombianas se intensificó, decenas de miembros buscaron refugio en países vecinos.
El año 2021 marcó un récord de 191 asesinatos en Buenaventura. Coincidió con el estallido social vivido en el país y con la radicalización del conflicto local, a pesar de los intentos de establecer negociaciones de paz.
Una tregua declarada el 1 de octubre de 2022 se concretó tras un partido de fútbol y la intervención directa del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez con representantes de ambos grupos.
Pese a los compromisos y mesas de diálogo, los reportes de homicidios y extorsiones no dieron respiro durante 2023 y 2024.
La migración del rango directivo de las bandas al extranjero, especialmente hacia Chile y España, fortaleció su control remoto de las operaciones, al tiempo que ampliaron alianzas con carteles mexicanos como Sinaloa y grupos residuales de las disidencias de las Farc, así como del ELN y la Segunda Marquetalia.
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