“Armando Benedetti acaba de convertir a la empresa de servicios postales 4-72 en un operador logístico de chivas, buses, tarimas, refrigerios, almuerzos y politiquería”. Con esta frase, el concejal de Bogotá Daniel Briceño resumió la controversia que rodea a Servicios Postales Nacionales SAS, conocida como 4-72, tras adjudicarse dos contratos estatales que la posicionan como la principal organizadora de eventos del Gobierno. En apenas un mes, la compañía obtuvo ingresos cercanos a $100.000 mil millones por estas adjudicaciones.
El contrato más voluminoso, firmado con el Ministerio del Interior, asciende a $88.000 millones y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, durante 189 días. Este acuerdo implica que los eventos públicos organizados por la cartera dirigida por Armando Benedetti supondrán una inversión diaria superior a $465 millones en recursos estatales. El segundo convenio, suscrito con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), fue firmado el pasado viernes 27 de junio a las 5:00 p.m., en vísperas de un puente festivo, por un valor de $11.000 millones y una duración de un año.
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Ambos contratos tienen como objetivo la prestación de servicios como operador logístico para todos los eventos y actividades de las entidades contratantes. Fueron adjudicados de manera directa, bajo la modalidad de convenio interadministrativo, es decir, entre entidades públicas, sin proceso de licitación abierto. En el caso del Dapre, es la primera vez que la organización de eventos recae en una entidad pública, ya que anteriormente esta función la desempeñaban empresas privadas como Plaza Mayor y Feeling Company SAS, seleccionadas mediante licitaciones públicas.
El convenio con el Dapre, por $11.746 millones, tendrá una vigencia de 13 meses y finalizará el 31 de julio de 2026. Por su parte, el contrato con el Ministerio del Interior generó especial polémica por su elevado monto y corta duración. Además del aspecto financiero, sectores políticos y expertos manifestaron inquietud ante la posibilidad de que estos eventos se utilicen para intervenir en política o promover iniciativas controvertidas, como la consulta popular descartada o el debate sobre una posible Asamblea Nacional Constituyente.
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Frente a las revelaciones del cabildante, la senadora de la República por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, utilizó sus redes sociales para cuestionar el excesivo gasto del Gobierno Petro. En particular, criticó la fuerte inversión en eventos, mientras que el sector educación o salud durante la actual administración han registrado deficiencias.
“El gobierno Petro ha gastado en menos de un año $130 mil millones de pesos en eventos mientras niega presupuesto para la salud, educación y vivienda”, escribió en su cuenta de X.
Según sus consideraciones, es inaceptable que el Gobierno nacional gaste los recursos públicos de manera desmesurada en cosas que no benefician a los colombianos. Por lo que, sostuvo que “en un país con tantas necesidades malgastar el presupuesto es corrupción”.
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Además de lo anterior, presentó una solicitud formal al ministro de Educación para asegurar la continuidad del servicio educativo durante el paro convocado por Sintrenal para el 14 de julio de 2025.
Incluso, subrayó la necesidad de mantener el acceso a la educación y pidió al ministro de Educación que adopte medidas para evitar la interrupción del servicio.
“Radiqué solicitud de intervención al Ministro de Educación de Petro para que garantice la continuidad del servicio educativo en 7.000 colegios públicos, que podrían verse afectados por el paro nacional indefinido convocado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Sintrenal) para el 14 de julio de 2025”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.
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Y agregó: “Este paro amenaza el derecho fundamental a la educación, especialmente para los niños y adolescentes en las regiones más vulnerables”.
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