El Gobierno colombiano evalúa la eliminación de los subsidios al diésel en el país, con el objetivo de equiparar su precio al valor internacional y reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
Así lo mencionó Germán Ávila Plaza, ministro de Hacienda, en medio de la presentación de la nueva tasa de interés del Banco de la República, que confirmó que el Ejecutivo publicará un decreto para formalizar la medida, que podría representar un alivio fiscal de hasta 10 billones de pesos anuales.
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“Vamos a cerrar una brecha histórica que impacta las cuentas del país”, manifestó el jefe de cartera, agregando que esta cifra equivale al impacto de una mini reforma tributaria.
El ministro Ávila aseguró que el ajuste protegerá a los transportadores de carga, quienes cuentan con acuerdos firmados con el Ministerio de Transporte para mantener estable el precio del Acpm.
Igualmente, el alto funcionario aseguró que el ajuste protegerá a los transportadores de carga, ya que cuentan con acuerdos firmados con el Ministerio de Transporte para mantener estable el precio del Acpm. En cambio, el recorte afectará principalmente a las 360.000 camionetas de lujo que utilizan diésel, vehículos que, según el Gobierno, no aportan a la productividad nacional, pero sí reciben subsidios regresivos.
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El Ministerio de Hacienda busca con esta medida cerrar el déficit del Fepc, reducir el gasto público y liberar recursos para otros programas sociales. La eliminación del subsidio al diésel sería solo el primer paso, ya que el Gobierno planea una nueva reforma tributaria que podría recaudar entre $19,6 y $25,4 billones.
Evolución del subsidio del diésel
El subsidio promedio por galón de diésel en 2024 fue de $4.720, lo que generó un costo fiscal cercano a $9 billones, de acuerdo con datos suministrados por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), citados por el medio de comunicación.
Para 2025, de acuerdo con los cálculos de la organización, el subsidio se reducirá a $4.070 por galón, pero el gasto estimado seguirá siendo de $8 billones. Desde 2022, el Estado ha destinado más de $73 billones a subsidiar los precios de la gasolina y el diésel, lo que ha provocado un hueco fiscal considerable.
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Aunque el déficit de la gasolina ya fue cubierto con pagos superiores a $36 billones, la brecha del diésel aún supera los $8 billones. El parque automotor colombiano supera los 19,8 millones de vehículos, de los cuales más de 1,1 millones utilizan diésel, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y el Ministerio de Minas y Energía.
Los departamentos con mayor consumo de este combustible son Cundinamarca (287.900 vehículos), Antioquia (173.900), Bogotá (153.920), Valle del Cauca (81.000), Santander (74.000) y Atlántico (40.620). En contraste, regiones como Guainía, Vichada, Amazonas y Chocó apenas registran presencia de vehículos diésel.
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El déficit fiscal del país, que entre 2022 y 2024 superó el 5,6% del PIB, se ha visto impulsado en gran medida por los subsidios a los combustibles, según los datos más recientes. Esta presión sobre las finanzas públicas ha llevado al Gobierno a considerar medidas drásticas para corregir el rumbo económico.
Para ello, la iniciativa presentada por el Ministerio de Hacienda busca fortalecer la recaudación estatal y reducir la dependencia de subsidios que han generado desequilibrios en las cuentas nacionales. Mientras tanto, la carga fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) continúa afectando las arcas públicas.
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Aunque el Gobierno ha manifestado su intención de proteger a los transportadores de carga, el resto de los usuarios de diésel —empresas, flotas privadas y propietarios de vehículos particulares— deberán afrontar el precio completo del combustible sin ningún tipo de subsidio. Esta medida podría traducirse en un aumento superior a $4.000 por galón, dependiendo de las variaciones internacionales del precio del petróleo.
Se espera que el proyecto sea presentado en la próxima legislatura del Congreso, y una vez sea avalado por los congresistas, podría entrar en vigor en el año 2026.
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