Gustavo Petro firmó decreto que reglamenta programa clave para la seguridad de excombatientes y sus familias

El Gobierno nacional presentó de manera oficial el Decreto 0638 del 10 de junio de 2025, mediante el cual se reglamenta el Programa de Protección Integral (PPI), diseñado para salvaguardar la vida y la integridad de los exintegrantes de las Farc que se acogieron al acuerdo de paz, sus familias y el nuevo partido o movimiento político que haya surgido de ese proceso de transición.

La presentación del decreto tuvo lugar en el espacio de arte y memoria “Fragmentos”, ubicado en el centro de Bogotá, un lugar cargado de simbolismo, donde reposan 37 toneladas de armas fundidas que fueron entregadas por la exguerrilla en el marco del proceso de dejación voluntaria.

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El evento contó con la presencia de actores clave del proceso de paz y del sistema de justicia transicional, entre ellos la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas; el Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu; y la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Reinere Jaramillo Chaverra.

En su intervención, Gloria Cuartas explicó que el nuevo enfoque de seguridad propuesto por el decreto representa una transformación profunda del modelo tradicional centrado en dispositivos materiales. “Este concepto de seguridad con el que el decreto se plantea es una oportunidad para el gobierno de hacer de la seguridad un ejercicio más allá de carros y escoltas… Este decreto oficializa una instancia tripartita (Itps) donde la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y los firmantes de paz han venido discutiendo con autoridades locales y organizaciones sociales en los territorios las grandes preocupaciones en medio de la situación crítica del país”, señaló.

La Instancia Tripartita de Protección y Seguridad (Itps), oficializada mediante este decreto, se constituye como un espacio permanente de diálogo entre el Gobierno, los excombatientes y la comunidad internacional, destinado a identificar riesgos, diseñar medidas preventivas y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los reincorporados y sus núcleos familiares.

El Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, celebró la aprobación del programa como un avance trascendental. “Es realmente importante tener ya un Programa de Protección Integral para los firmantes de paz (…) Es un tema de suma importancia para el Consejo de Seguridad de la ONU y para la Misión de Verificación”, destacó.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la protección de los firmantes ha sido una preocupación constante, dado el número de homicidios y amenazas que han enfrentado los excombatientes, especialmente en regiones con alta presencia de economías ilegales y actores armados residuales.

Puntos clave del nuevo decreto

Los puntos claves del Decreto 0638 de 2025, como medida esencial del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), son:

1. Población beneficiaria: El programa está dirigido a:
   1. Integrantes del nuevo partido o movimiento político surgido del tránsito de las Farc a la actividad política legal.
   2. Antiguos miembros de las Farc en proceso de reincorporación.
   3. Sus familias.
2. Componentes del programa: El PPI se estructura en tres pilares fundamentales:
   1. Libertad respecto del miedo: protección frente a amenazas contra la vida e integridad.
   2. Libertad respecto de la necesidad: atención a necesidades económicas, sociales y ambientales.
   3. Vivir en dignidad: acciones para combatir la estigmatización, exclusión y discriminación.
3. Objetivos específicos del programa:
   1. Coordinar medidas de prevención, protección y seguridad a nivel nacional y territorial.
   2. Apoyar la reincorporación integral.
   3. Fortalecer la capacidad de denuncia y la persecución penal efectiva.
   4. Articular con políticas de desmantelamiento de organizaciones criminales.
4. Instancia Tripartita de Protección y Seguridad (Itps): Se crea una instancia con participación del Gobierno, delegados de los firmantes del Acuerdo y la Misión de Verificación de la ONU, así como instancias distritales, departamentales y municipales. Esta instancia es responsable de:
   1. Monitorear riesgos y coordinar respuestas.
   2. Articular acciones de prevención, protección y seguimiento.
   3. Proponer medidas frente a amenazas territoriales y electorales.
5. Implementación territorial: Las acciones del programa deberán aplicarse con pertinencia local, adaptándose a las condiciones sociales y de seguridad de cada región. Las autoridades territoriales tienen un papel clave en la ejecución.
6. Medidas materiales e inmateriales: Incluyen desde esquemas de seguridad, evacuaciones de emergencia y rutas de protección, hasta jornadas móviles de oferta institucional, programas de empoderamiento político y estrategias contra la estigmatización.
7. Seguimiento y articulación institucional: La coordinación del programa está a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia, a través de la Unidad de Implementación del acuerdo de paz, en articulación con otras entidades del Estado como la UNP, la ARN, la Defensoría, la Fiscalía y la Policía Nacional.