Por solicitud del antiguo Secretariado de las Farc, JEP suspendió audiencia clave sobre secuestro

En una decisión que ha generado sorpresa, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que pospondrá la audiencia pública de verificación en medio del Caso 01, que investiga la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes, atendiendo una solicitud presentada por los abogados defensores del antiguo Secretariado de las Farc.

La audiencia, inicialmente programada para los días 9 y 10 de julio en Bogotá, fue suspendida luego de que los defensores legales del grupo de excomandantes de la guerrilla radicaran una petición formal ante la Sección de Reconocimiento de Verdad el pasado 21 de junio.

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En la comunicación, los abogados argumentaron que era necesario reprogramar la diligencia para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, alegando además que algunos comparecientes enfrentan situaciones de fuerza mayor que les impedirían asistir en las fechas previstas.

Tras analizar los motivos presentados, el tribunal de la JEP aceptó la solicitud y estableció una nueva fecha improrrogable para la realización de la audiencia: los días 31 de julio y 1 de agosto de 2025.

Una diligencia clave para las víctimas

La audiencia pública de verificación es un paso crucial antes de que el tribunal emita la sentencia definitiva en este caso. En ella se analizará si los comparecientes –todos ellos exmiembros del último Secretariado de las Farc– han cumplido con los requisitos de contribución a la verdad, reparación a las víctimas y demás compromisos asumidos en el marco del sistema de justicia transicional.

Los excomandantes convocados son Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jorge Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Todos ellos han reconocido responsabilidad en los crímenes de secuestro y otros delitos graves cometidos durante el conflicto armado.

“La Sección de Reconocimiento de Verdad, con el acompañamiento de profesionales expertos de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, ha propiciado encuentros dialógicos con las víctimas acreditadas en este proceso y con sus representantes judiciales”, explicó el tribunal en su comunicado.

Razones jurídicas detrás del aplazamiento

La JEP señaló que este tipo de decisiones buscan proteger el derecho a la defensa, asegurar la viabilidad procesal del juicio y, sobre todo, garantizar que el fallo final cumpla con los estándares internacionales en materia de justicia, verdad, reparación y no repetición.

“Antes de definir los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador que deberán cumplir los máximos responsables que aportaron verdad y reconocieron responsabilidad, el tribunal debe asegurar que la sentencia: proteja los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes, y cumpla con los estándares internacionales”, precisó la jurisdicción.

Además, el aplazamiento se produce luego de que se resolviera una solicitud de recusación que había sido presentada por la defensa de Rodrigo Granda el 24 de junio de 2025 contra los magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad. Sin embargo, dicha solicitud fue retirada voluntariamente al día siguiente, y el tribunal aceptó el desistimiento, eliminando así cualquier obstáculo para continuar con el proceso.

Expectativas sobre el fallo y las sanciones restaurativas

La audiencia del 31 de julio y 1 de agosto permitirá al tribunal verificar de forma pública si los excomandantes han cumplido las condiciones pactadas en el proceso, y si los proyectos restaurativos que se propongan para reparar a las víctimas cuentan con las condiciones técnicas necesarias para su viabilidad y sostenibilidad.

Por ahora, las víctimas deberán esperar unas semanas más para conocer si el tribunal considera que la verdad aportada por los exjefes guerrilleros y las propuestas de reparación son suficientes para emitir una sentencia que responda a sus derechos y a los principios de justicia restaurativa que rigen el sistema transicional en Colombia.