A raíz del informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) el 25 de junio en Viena, las reacciones en Colombia no se hicieron esperar.
La entidad alertó que en 2023 la producción, incautación y consumo de cocaína alcanzaron cifras históricas, y que Colombia continúa siendo el epicentro del cultivo de coca a nivel mundial.
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Según el informe, el país concentró 253.000 hectáreas de cultivos de coca en 2023, es decir, más de dos tercios de las 376.000 hectáreas sembradas globalmente. Esto impulsó una producción estimada de 2.600 toneladas de cocaína ese mismo año, un incremento del 53% frente a 2022.
En respuesta a estos datos, el expresidente Ernesto Samper, que también fue secretario General de Unasur y ha tenido un rol activo en debates sobre políticas de drogas, publicó un fuerte pronunciamiento en su cuenta de X: “Se equivocan quienes creen -seguramente pensando en una próxima certificación de Estados Unidos- que el tema de las drogas puede seguirse mirando simplemente en número de hectáreas sembradas de coca, cuando se sabe de la existencia de nuevas variedades de la planta que producen más coca en el mismo espacio y que las drogas sintéticas, como el fentanilo, pesan, duelen y matan a muchas más personas que la cocaína. Para no hablar de la marihuana, que está prácticamente legalizada en EE. UU.”.
Las palabras de Samper apuntan a una crítica estructural al enfoque que históricamente han tenido Estados Unidos y algunos organismos internacionales al evaluar la lucha contra el narcotráfico, basado casi exclusivamente en cifras de erradicación y hectáreas cultivadas.
Nuevos desafíos: fentanilo y estructuras criminales con poder territorial
El Informe Mundial sobre Drogas 2025 también reveló que la producción global de cocaína alcanzó las 3.708 toneladas de droga pura en 2023, un 34% más que el año anterior. La Onudd explicó que este aumento se debe no solo al crecimiento de los cultivos, sino también a mejoras metodológicas en el cálculo del rendimiento por hectárea, especialmente en Colombia, donde se han identificado variedades de coca con mayor concentración de alcaloides.
Asimismo, el informe señala que el crecimiento de la producción ha estado acompañado por una expansión de redes criminales sofisticadas que no solo trafican con droga, sino que imponen estructuras de gobernanza paralelas en zonas rurales.
En el caso colombiano, las disidencias de las Farc, que no firmaron el acuerdo de paz, dominan extensos territorios en el suroeste del país, combinando su accionar insurgente con el narcotráfico. “La Onudd identifica como ejemplos paradigmáticos a las Farc-EP, las AUC y algunos grupos del Sahel africano, que utilizan las ganancias del narcotráfico para financiar otras actividades”, se lee en el documento.
Estas organizaciones, señala el informe, participan en actividades legales e ilegales, establecen jerarquías rígidas y controlan las economías locales a través de mecanismos como el cobro de “impuestos” sobre toda actividad económica, lícita o ilícita.
Colombia frente al riesgo de descertificación de Estados Unidos
El debate sobre la eficacia del enfoque actual se agudiza en un momento crucial para la relación entre Colombia y Estados Unidos en materia de cooperación antinarcóticos. Según las leyes estadounidenses, el proceso de certificación evalúa si los países aliados están cumpliendo con sus compromisos en la lucha contra las drogas.
Una eventual descertificación, como la que hoy enfrenta Colombia, podría tener consecuencias graves: suspensión de hasta el 50% de la asistencia exterior de EE. UU., bloqueo a préstamos internacionales y ruptura parcial de la cooperación bilateral en seguridad y desarrollo rural.
En este contexto, las declaraciones de Samper cobran mayor relevancia. Al criticar el énfasis en las hectáreas cultivadas como único indicador, sugiere que Colombia podría estar siendo injustamente evaluada con métricas que no reflejan la complejidad actual del fenómeno.
De hecho, el informe de la Onudd también advierte que las estrategias centradas únicamente en la eliminación de cabecillas criminales han tenido resultados mixtos. Si bien han logrado reducir ataques específicos, no han disminuido la capacidad operativa ni la intensidad del conflicto, perpetuando la violencia y el control territorial del narcotráfico.
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