La devolución del proyecto de reforma pensional al Congreso se produjo después de que la Corte Constitucional identificó un vicio de procedimiento que, según el tribunal, vulneró el principio democrático y los derechos de las minorías en la plenaria de la Cámara de Representantes durante el segundo debate legislativo.
Así se desprende de la notificación oficial emitida por la Corte, la cual detalló cómo la falencia procesal obliga a reiniciar parcialmente la discusión y someter de nuevo el texto a votación en esa corporación parlamentaria.
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Según informó la propia Corte Constitucional, la medida implica que la Ley 2381 de 2024, que establece el sistema de protección social integral para la vejez, la invalidez y la muerte de origen común, deberá volver a la Cámara para subsanar los aspectos señalados por los magistrados.
El medio oficial de la Corte señaló: “La insuficiencia en el segundo debate en el que incurrió la Plenaria de la Cámara de Representantes al discutir y votar el Proyecto de Ley No. 293-23 Senado, y 433-24 Cámara, configuró un vicio de procedimiento en la formación de la Ley 2381 de 2024, objeto de control, que afectó la deliberación y con ella el principio democrático y los derechos de las minorías”.
La sala plena del tribunal decidió unánimemente enviar el proyecto de regreso al Legislativo y otorgó 30 días a esta cámara para corregir el procedimiento.
Cumplido ese plazo, el texto deberá devolverse a la Corte, la cual analizará nuevamente su constitucionalidad frente al cargo admitido y reanudará los términos del trámite judicial respecto de este y otros expedientes relativos a la ley.
De acuerdo con la notificación, la devolución de la norma responde estrictamente a la atenuación de un “vicio de procedimiento”, no a una revisión de fondo.
El Auto 841/25, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, establece que, por mandato del parágrafo del artículo 241 de la Constitución, cuando los defectos son de trámite, y, por tanto, subsanables, la vía jurídica adecuada consiste en devolver el texto para su corrección en la cámara de origen antes de proceder al examen de fondo.
El auto aclara: “En aplicación de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 241 de la Constitución, con el alcance definido por la jurisprudencia, la Corte señaló que este vicio de procedimiento en la formación de la citada ley es subsanable, por lo cual ordenó devolverla a la Cámara de Representantes, con el propósito de subsanar el vicio de procedimiento identificado”.
El proceso afectado, la Ley 2381 de 2024, fue publicada inicialmente en el Diario Oficial No. 52.819 del 16 de julio de 2024 y se convirtió en una de las reformas clave impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Su objetivo central reside en la creación de un esquema renovado de protección social integral para los ciudadanos en vejez, invalidez o fallecimiento, una materia de amplia discusión pública y política en Colombia, como destacó la propia Corte Constitucional.
El regreso del proyecto a la Cámara de Representantes no implica su archivo, sino la reapertura del segundo debate para ajustar los procedimientos y garantizar la participación legítima de los bloques minoritarios.
La Corte enfatizó el alcance de su decisión: “Cumplido nuevamente el trámite en dicha Cámara, el asunto deberá ser devuelto a la Corte Constitucional para que esta decida sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, en relación con el cargo admitido.” Esta medida marca un precedente respecto a la defensa del debate plural y las garantías del proceso legislativo en el país.
Inmediatamente después de la decisión judicial, el Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció la convocatoria de sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes.
Benedetti confirmó, por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter: “Con el comunicado de la Corte Constitucional queda convocada desde hoy a extras la Cámara de Representantes para subsanar la Reforma Pensional”.
De este modo, la agenda legislativa se reactiva con urgencia para responder a la exigencia judicial dentro del plazo de 30 días establecido.
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