Secretaría de Movilidad está en la mira por vehículos eléctricos: “No es justo que ahora los consideren potencialmente peligrosos”

El jueves 19 de junio de 2025, el Congreso de la República de Colombia publicó en la Gaceta del Congreso el Informe de Conciliación del Proyecto de Ley 111 de 2023 Senado y 219 de 2024 Cámara, que regula la circulación y promueve el uso de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana como alternativas de movilidad sostenible.

Dicho proyecto, que recibió la aprobación de la Plenaria del Senado el 30 de julio de 2024 y de la Plenaria de la Cámara el 18 de junio de 2025, se encuentra ahora a la espera de la sanción presidencial, el último paso antes de convertirse oficialmente en Ley; lo que está generando más preguntas que respuestas en varios sectores políticos, tal como es el caso del concejal Julián Forero que se pronunció sobre el tema y la postura de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

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Cabe recordar que la iniciativa legislativa busca responder a una realidad cada vez más visible en las ciudades colombianas: el crecimiento sostenido del uso de vehículos eléctricos personales, como bicicletas y patinetas, en medio de una “crisis del transporte público” como lo ha señalado el cabildante de Bogotá.

Durante más de dos años, el Congreso debatió y ajustó el articulado, abriendo espacios para la deliberación y la participación de diversos sectores. Sin embargo, la administración distrital de Bogotá, a través de la Secretaría de Movilidad, no participó activamente en este proceso. Solo después de la aprobación definitiva, la secretaria de la entidad, Claudia Díaz, expresó públicamente su oposición al proyecto, cuando el trámite legislativo ya no permitía retrocesos.

Para Forero, la postura tardía de la Secretaría de Movilidad generó inquietud entre los usuarios y defensores de la movilidad eléctrica. Durante el extenso periodo de discusión, la entidad no organizó mesas de trabajo, no convocó al gremio de movilidad eléctrica, ni recogió las necesidades de los usuarios.

El cabildante sumó que la dependencia tampoco presentó propuestas técnicas que respondieran a la transformación que experimentan las ciudades en materia de transporte. La ausencia de una estrategia clara y la falta de diálogo con los actores involucrados han dejado a la administración distrital sin argumentos sólidos y sin respaldo colectivo. Como lo ilustra el refrán popular citado por Forero: “ya no se puede llorar sobre la leche derramada”.

Forero indicó que el argumento central de la Secretaría de Movilidad para oponerse a la nueva Ley se centra en la seguridad vial. Sin embargo, la realidad cotidiana de Bogotá muestra que miles de ciudadanos han optado por vehículos eléctricos personales como una alternativa más segura, eficiente y digna frente al colapsado sistema de transporte público.

“Pero, ¿se ha preguntado cuántos ciudadanos prefieren movilizarse en vehículos eléctricos personales por considerar que son una alternativa más segura, eficiente y digna frente al colapsado sistema de transporte público? ¿Cuántas familias optan por bicicletas eléctricas para evitar los interminables trancones de la ciudad?“, señaló Forero.

Que además sumó que la crisis del Sitp ha impulsado a los bogotanos a buscar alternativas. Según Forero, el sistema genera desconfianza por su inseguridad, rutas cerradas, altos costos y falta de acceso en los sectores más vulnerables; por lo que ha sido reemplazado de facto por soluciones que “sí responden a las necesidades reales de la población”.

En ese contexto, la criminalización y estigmatización de los usuarios de vehículos eléctricos por parte de algunos medios de comunicación y autoridades resulta injusta. Sobre lo anterior, el cabildante agregó que:“No es justo que ahora los consideren potencialmente peligrosos por algunos medios de comunicación, se criminalice o estigmatice un sector que ha crecido en medio del abandono estatal, y que ha dado respuesta a la congestión vial, los largos tiempos de desplazamiento y el pésimo estado de la malla vial”.

La Secretaría de Movilidad, en su comunicado del 24 de junio, reconoció que “la no exigencia de placas de identificación para estos vehículos plantea dificultades operativas para el control e inmovilización”. Para Forero, dicha declaración fue interpretada por algunos sectores como una muestra de que la prioridad del distrito no radica en garantizar derechos ni en mejorar el servicio, sino en la imposibilidad de inmovilizar estos vehículos y en la pérdida de ingresos por concepto de grúas y patios. La preocupación de la administración parece centrarse más en el control y la recaudación que en la promoción de alternativas sostenibles y seguras.

El cambio de discurso de Claudia Díaz también fue objeto de críticas. Forero destacó que anteriormente la secretaria defendía la movilidad sostenible y la transición energética de Bogotá, pero eso cambió. Para el cabildante, la postura de la funcionaria se endureció frente a un sector que creció sin el control directo de la administración.

Partiendo de eso, el concejal de los conductores ante el Cabildo Distrital expuso que surgen preguntas serias sobre el compromiso real con la transición energética y la democratización de la tecnología, especialmente en las zonas donde el distrito no ha logrado llegar con soluciones de transporte adecuadas.

Para Forero, la falta de acción, planeación y control por parte de la Secretaría de Movilidad obligó al Congreso de la República a intervenir. “Si las autoridades locales no ejercen su deber, corresponde al legislativo actuar en defensa del interés general”. Y es que el nuevo marco legal busca llenar el vacío dejado por la administración distrital y establecer reglas claras para la circulación y el uso de vehículos eléctricos personales.

Desde el Concejo de Bogotá, Forero anunció un seguimiento riguroso a la implementación de la nueva Ley. Se exigirá la participación de todos los actores del gremio, incluyendo usuarios, industria, técnicos y expertos, en la construcción de la regulación secundaria. “Impulsaremos la realización de mesas de trabajo amplias y participativas, para que la regulación que viene sea coherente, técnica y equitativa”.

Además, se demandará que el organismo de tránsito asuma con responsabilidad su tarea de pedagogía en seguridad vial. Las campañas deberán ser efectivas y orientadas a la prevención, no simplemente sancionatorias. El reconocimiento de que ese nuevo modelo de movilidad llegó para quedarse implica un cambio de enfoque en la gestión pública y en la relación con los ciudadanos. “A la Secretaría de Movilidad le quedó grande controlar la movilidad eléctrica”, reiteró Forero.