Tres hombres que se hacían pasar por agentes de la Policía Nacional fueron condenados a largas penas de prisión tras comprobarse su responsabilidad en una serie de hurtos a viviendas en Bogotá, ejecutados mediante el uso de uniformes falsos, armas de fuego y tecnología para evadir la detección.
El caso, que mantuvo en vilo a la capital colombiana durante meses, culminó con la sentencia de Diego Alexander Castillo Estremor, Samuel Rodríguez Ariza y Jeison Acevedo, quienes recibieron penas de 30 años de prisión para los dos primeros y 22 años para el tercero, además de una multa de 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación a través de un fiscal especializado de la Unidad de Juicios de la Seccional Bogotá, logró demostrar que los tres hombres integraban una banda dedicada a ingresar a residencias en diferentes sectores de la ciudad, haciéndose pasar por miembros de la fuerza pública.
Para ello, utilizaban chaquetas y gorras con emblemas similares a los de la Policía Nacional, así como armas de fuego y dispositivos tecnológicos como inhibidores de señal. Esta modalidad les permitía doblegar a los habitantes de los inmuebles y perpetrar los robos sin levantar sospechas inmediatas.
El episodio que marcó el fin de su actividad delictiva ocurrió el 9 de octubre de 2021, en el barrio Prado Veraniego, ubicado en la localidad de Suba. Aquella noche, los tres hombres fueron sorprendidos en flagrancia por las autoridades mientras forzaban su ingreso a una vivienda utilizando una escalera.
En el momento de la captura, se les hallaron tres armas de fuego, un supresor de sonido, un inhibidor de señal y tres chaquetas con logos de la Policía Nacional.
La evidencia recolectada resultó determinante para el proceso judicial que se desarrolló durante más de cuatro años.
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes que permitieron establecer la responsabilidad de los acusados en los delitos de tentativa de hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado, así como fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos agravado.
El juez de conocimiento encargado del caso no dudó en dictar sentencia, imponiendo penas ejemplares a los responsables.
El fenómeno del hurto a viviendas continúa siendo una preocupación para las autoridades y la ciudadanía.
Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo que va del año se han reportado 994 hurtos a residencias, una cifra que representa 328 denuncias menos respecto al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con las estadísticas, el 76,2 % de los robos se cometieron sin empleo de armas, el 8,1 % con armas contundentes, el 5,6 % con palancas y el 3,5 % con llaves maestras.
Estos datos reflejan la diversidad de métodos utilizados por los delincuentes y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta.
Delincuentes se hicieron pasar por personal médico del Distrito para ingresar a una vivienda y robar más de 4 millones de pesos.
Sin embargo, este no es un hecho aislado. Otro caso reciente evidenció una nueva modalidad de engaño, esta vez mediante la suplantación de personal médico.
Una mujer de 65 años fue víctima de un robo en su vivienda en Chapinero Alto por parte de cuatro personas —tres mujeres y un hombre— que se hicieron pasar por funcionarios de salud del Distrito.
Los delincuentes, vestidos como enfermeros y portando supuestos carnés de la Secretaría de Salud, afirmaron que estaban entregando un bono y un mercado como parte de un programa oficial.
Con un discurso estructurado y conocimiento de datos personales de la víctima, lograron que les permitiera el ingreso. Una vez dentro del apartamento, simularon realizar un examen médico en el baño mientras otros recorrían el lugar y robaban más de cuatro millones de pesos guardados en alcancías.
Al notar que la puerta de su habitación había sido forzada y que el dinero ya no estaba, la víctima intentó comunicarse con la Policía sin obtener respuesta inmediata. La denuncia será presentada ante la Fiscalía.
Vecinos del sector reportaron hechos similares con el mismo modus operandi y solicitaron mayor presencia policial. Por su parte, las autoridades recordaron la importancia de verificar la identidad de cualquier persona que se presente como funcionario público.
La Secretaría de Salud de Bogotá, hasta el momento, no ha confirmado la existencia de ningún programa de visitas domiciliarias como el que mencionaron los implicados.
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