Secretaría de Movilidad está bajo la lupa por fraudes en exenciones del Pico y placa de Bogotá: “Hemos recibido reiteradas denuncias”

El concejal de Bogotá Julián Forero denunció una serie de presuntos hechos de corrupción dentro de la Secretaría de Movilidad, relacionados con la asignación de permisos de excepción al pico y placa, lo que generó preocupación por posibles cobros indebidos, fraudes y suplantación de identidad, afectando especialmente a personas con discapacidad y evidenciando la existencia de una posible red de corrupción institucional.

Las investigaciones, lideradas por el equipo del cabildante Forero, pusieron en el centro del debate público la transparencia y legalidad en el proceso de otorgamiento de permisos de excepción al pico y placa en la ciudad que lidera, gestiona y administra la dependencia de Movilidad.

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Y es que de acuerdo con la Resolución 118139 de 2021, citada por el funcionario, existen 17 categorías de vehículos exceptuados de la restricción, de las cuales 12 requieren un trámite gratuito de inscripción con vigencia anual. Para el 2024, la entidad de Movilidad autorizó 32.801 permisos y rechazó 8.804 solicitudes. En lo que va de 2025, se han recibido 30.121 solicitudes, de las cuales 18.948 han sido aprobadas, lo que representa el 57,77% del total del año anterior.

A pesar de la existencia de un marco normativo claro, las denuncias ciudadanas revelaron irregularidades graves en la asignación de estos permisos. Entre las anomalías detectadas se encuentran cobros ilegales por trámites que deberían ser gratuitos, usurpación de datos personales —especialmente de personas con discapacidad— y la entrega de permisos a terceros que no cumplen los requisitos establecidos.

El equipo de Forero documentó casos en los que ciudadanos con discapacidad han visto vulnerados sus derechos, ya que sus datos fueron utilizados sin su consentimiento para solicitar permisos que nunca pidieron ni utilizaron. Esta suplantación ha tenido consecuencias directas, como la pérdida del subsidio de transporte en la tarjeta TuLlave, lo que generó un daño adicional a una población ya vulnerable.

La Secretaría de Movilidad, en respuesta a estas denuncias, realizó 4.779 bloqueos o “depuraciones” en 2024 y 967 en 2025, argumentando que se trata de medidas preventivas ante la identificación de posibles fraudes. Actualmente, existen 407 denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, de las cuales 62 ya cuentan con Número Único de Noticia Criminal (Nunc), confirmando que los ciudadanos afectados no utilizaban los vehículos registrados a su nombre.

Esta situación llevó a Forero a declarar: “Hemos recibido reiteradas denuncias de permisos fraudulentos, especialmente en la categoría de personas con discapacidad. Vamos a investigar si hay funcionarios dentro de la Secretaría de Movilidad y otras entidades del distrito involucradas en la venta de estos permisos. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la justicia”.

El impacto de las irregularidades no se limita a los fraudes detectados. Según Forero, se han reportado numerosos casos de bloqueos arbitrarios de permisos legítimos, realizados sin notificación previa ni posibilidad de verificación por parte de los afectados. Estos errores han derivado en la imposición de comparendos injustificados (tipo C14) por parte de agentes de tránsito, lo que evidenció molestias e injusticias para ciudadanos que contaban con su permiso en regla. El concejal solicitó a la Secretaría de Movilidad que optimice los procesos de verificación, garantice el derecho a la defensa y evite medidas generalizadas que terminen perjudicando a quienes realmente necesitan estos beneficios.

Paralelamente, Forero denunció una serie de irregularidades en la inmovilización de vehículos por parte de agentes civiles y policías de tránsito. Según una investigación adelantada por su equipo jurídico en el Concejo de Bogotá, en lo que va de 2025 se han inmovilizado siete vehículos por las infracciones D03, D04 y D07, a pesar de que la Ley 2435 de 2024 eliminó estas causales como motivo de inmovilización.

Cabe recordar que desde el 12 de noviembre de 2024, estas infracciones únicamente deben dar lugar a un comparendo, que equivalen a los $1.207.800, según valores del 2025; y no al traslado del vehículo a patios. Forero fue enfático al afirmar que: “Lo que está ocurriendo es un abuso de autoridad. Agentes de tránsito están inventando causales de inmovilización sin ningún soporte legal. Esto no solo configura faltas disciplinarias, sino también posibles delitos por actos arbitrarios e injustos”.

El concejal también puso en tela de juicio el lucrativo negocio del transporte de vehículos a patios. De acuerdo con sus declaraciones, “cada moto inmovilizada se cobra como si la grúa la hubiera transportado sola, y hasta que no nos aprueben el proyecto de acuerdo para regular este negocio, el abuso continuará”. Forero señaló que la empresa G&P, encargada de operar el servicio de patios y grúas en Bogotá, recibe el 83% del recaudo total, lo que ha generado un incentivo perverso que convierte las inmovilizaciones arbitrarias en un negocio rentable a costa de los ciudadanos.

La falta de información y la pasividad institucional han agravado la situación. De los siete casos detectados de inmovilización injustificada, solo uno de los conductores impugnó el comparendo, mientras que los demás aceptaron la sanción y pagaron grúa y patios sin saber que la medida era injustificada. Forero ha denunciado que: “Lo más grave es el silencio de la Secretaría Distrital de Movilidad, que no tomó ninguna acción para exonerar a los afectados ni defendió el interés público. Actuaron pasivamente, favoreciendo a la empresa privada”.

Ante ese panorama, ya se han interpuesto las respectivas quejas disciplinarias contra los agentes implicados y se espera que se tomen sanciones ejemplares. Forero exigió el fin de los abusos e instó a la entidad de Movilidad a adoptar medidas urgentes para evitar que estos atropellos sigan ocurriendo.