
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia declarará una nueva urgencia manifiesta para extender por once meses el contrato de expedición de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons, una decisión que impacta directamente en la gestión de los documentos de identidad de millones de ciudadanos a partir del 1 de septiembre.
La medida, liderada por la canciller Laura Sarabia, responde a la inminente expiración del contrato actual y a la falta de tiempo para implementar el nuevo modelo de pasaportes que se había proyectado para entrar en vigor en septiembre de 2025. Desde esa fecha, el manejo de los datos personales de los colombianos pasará a estar bajo control exclusivo de la Cancillería, aunque la personalización de los documentos continuará como un proceso conjunto entre la entidad estatal y la empresa privada.
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La decisión de acudir a la figura de urgencia manifiesta para adicionar por 11 meses el contrato con Thomas Greg & Sons surge en un contexto de tensiones internas y desacuerdos sobre la transición hacia un nuevo modelo de expedición de pasaportes. El proceso ha estado marcado por un cruce de responsabilidades entre la actual canciller y el excanciller Luis Gilberto Murillo. Ambos funcionarios se han señalado mutuamente como responsables del fracaso en la implementación del modelo que involucraba a Portugal, un proyecto que había sido planeado por Murillo pero cuya ejecución recayó en Sarabia.
La canciller Sarabia manifestó que el informe de gestión entregado por Murillo no incluía una hoja de ruta clara para la puesta en marcha del convenio con Portugal. Según fuentes del Ministerio, en dicho informe tampoco se habrían dejado establecidas las vigencias futuras necesarias para financiar el proyecto, ni se habría designado a un funcionario encargado de liderar la transición. “No se dejó lista la hoja de ruta para la implementación del nuevo modelo con Portugal”, reclamó Sarabia en diferentes escenarios.

Algunas versiones dentro del Gobierno sugieren que, tras un desencuentro entre Murillo y el presidente Gustavo Petro, el excanciller no habría informado al mandatario sobre los detalles del convenio con Portugal. A pesar de estas disputas internas, lo cierto es que Petro ha reiterado en varias ocasiones su oposición a una nueva prórroga con Thomas Greg & Sons. El presidente había manifestado su deseo de que la producción de pasaportes pasara a manos de la Imprenta Nacional y de socios internacionales, como parte de su política de cambio en la gestión pública.
Uno de los argumentos que pesaron en la decisión de la Cancillería para optar por la prórroga fue el análisis de los posibles costos para los ciudadanos. Se evaluó que, con el nuevo modelo, el precio del pasaporte podría aumentar, lo que habría generado preocupación en el Gobierno. Por su parte, Murillo había anunciado que el costo del documento sería más bajo durante el periodo de transición, que culminaría en septiembre, momento en el que se esperaba que la Imprenta Nacional asumiera la expedición de los pasaportes.

El nuevo acuerdo con Thomas Greg & Sons introduce un cambio relevante en la gestión de los datos personales. Hasta ahora, la empresa privada tenía acceso y control sobre la información de los colombianos, pero a partir de septiembre, la Cancillería asumirá esa responsabilidad de manera exclusiva. Este ajuste busca fortalecer la soberanía estatal sobre los datos sensibles de la población, aunque aún quedan detalles por definir sobre la implementación técnica y operativa de este traspaso.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se defendió la urgencia manifiesta como un mecanismo necesario para evitar la interrupción en la producción de pasaportes. El acuerdo contempla que, a partir del 1 de septiembre, se firmará la prórroga con Thomas Greg & Sons, pero se deja abierta la puerta para que, en un plazo de once meses, se concrete un nuevo contrato entre la Imprenta Nacional y Portugal.

Este contrato no implica que la Imprenta comenzará a imprimir los pasaportes de inmediato, sino que establece un periodo de fortalecimiento de la producción e infraestructura durante los próximos diez años. “El contrato con Portugal será para que se fortalezca la producción e infraestructura en un periodo de 10 años”, señala el plan oficial, lo que implica una transición gradual y compleja hacia el nuevo modelo.
La decisión de extender el contrato con Thomas Greg & Sons también tiene implicaciones políticas. En once meses, Colombia contará con un nuevo presidente, que deberá asumir la responsabilidad de implementar el modelo de pasaportes que el actual Gobierno no logró consolidar.
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