José Arnulfo Rodríguez Castañeda, firmante del Acuerdo de Paz y en proceso de reincorporación, fue asesinado el 21 de junio de 2025 en el corregimiento de El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca.
Según Indepaz, Rodríguez Castañeda tenía 38 años y hacía parte de los excombatientes que se encontraban cumpliendo con su proceso de reintegración a la vida civil.
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El ataque ocurrió en la entrada de un establecimiento comercial donde varios hombres armados que se movilizaban en una camioneta abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. En el hecho, además de Rodríguez, murió otra persona y cuatro más resultaron heridas.
La Defensoría del Pueblo había emitido dos Alertas Tempranas sobre esta zona: la AT 013/24, centrada en el municipio de Argelia, y la AT 019/23, orientada a la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Ambos documentos advertían sobre el alto nivel de riesgo al que se enfrentan quienes desarrollan labores de defensa de derechos o participan en procesos de reincorporación, especialmente en territorios con presencia activa de grupos armados ilegales.
En Argelia operan actualmente el frente Carlos Patiño del Bloque Occidental, el frente Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia y estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según Indepaz.
Estos actores ilegales ejercen control social, territorial y económico mediante amenazas, imposición de normas y ataques armados que vulneran de manera sistemática los derechos fundamentales de la población.
La muerte de José Arnulfo Rodríguez se convirtió en el caso número 23 de firmantes asesinados en lo que va del año, según el monitoreo de Indepaz. La situación de seguridad en esta zona del sur del país sigue siendo motivo de preocupación para organismos nacionales e internacionales.
Según reveló la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, en el primer trimestre han sido asesinados 15 comparecientes forzosos, lo que representa la mitad del total de homicidios registrados en todo 2024.
Esta cifra no solo refleja un recrudecimiento de la violencia, sino también una creciente vulnerabilidad para quienes dejaron las armas y se acogieron al proceso de reincorporación.
Desde la firma del Acuerdo Final en 2016, la JEP ha contabilizado 456 homicidios de excombatientes, un número que no deja de aumentar pese a los compromisos institucionales asumidos para su protección. “El 2025 ha sido un año particularmente violento para los excombatientes”, advirtió la Sección en una reciente diligencia judicial.
Frente a este escenario de riesgo persistente y creciente, la magistratura decidió convocar una audiencia pública el 10 de abril, con el objetivo de coordinar acciones urgentes y efectivas para garantizar la vida e integridad de los firmantes del Acuerdo.
Durante la audiencia se insistió en la necesidad de adoptar un enfoque de seguridad humana e integral, que “abarca el derecho a una vida libre del temor, el derecho a una vida libre de miseria y el derecho a una vida digna”. Este concepto busca trascender las medidas tradicionales de protección, al considerar los múltiples factores que inciden en la seguridad de los excombatientes, incluyendo los desplazamientos colectivos e individuales que continúan afectando a esta población.
La JEP subrayó que “proteger la vida de los firmantes de paz es un imperativo para consolidar la construcción de paz en Colombia”, y reiteró que muchos de ellos serán destinatarios de las sanciones que este tribunal transicional está próximo a imponer, lo que refuerza la necesidad de garantizar su permanencia y participación activa en el Sistema Integral para la Paz.
La JEP recordó que garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo es tanto un deber constitucional como una obligación moral e histórica del Estado colombiano.La jurisdicción señaló además que el cumplimiento de este mandato no puede seguir postergándose ni relegándose a compromisos simbólicos, pues la vida de quienes se acogieron a la paz está en juego, y su protección es indispensable para la legitimidad y continuidad del proceso de justicia transicional en Colombia.
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