El Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron la conciliación de la reforma justicia, razón por la cual pasará a sanción presidencial.
El proyecto fue promovido por el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, y tiene como propósito cambiar el sistema penal acusatorio y garantizar el derecho de las víctimas.
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Según el Gobierno nacional, la reforma “propone soluciones concretas para reducir la congestión judicial”.
El objetivo es disminuir los tiempos de respuesta de los procesos penales, así como evitar la prescripción de varios casos, que ya cuenta con más de 43.000, según estadísticas del Ministerio de Justicia.
“En la actualidad, los fallos judiciales pueden tardar más de una década. Con esta reforma, se busca que las sentencias se emitan en plazos entre uno y doce meses, generando, además, ahorros significativos para el Estado”, indicó el Ejecutivo.
Carlos Fernando Motoa, coordinador ponente de la iniciativa que pasará a sanción del presidente Gustavo Petro indicó lo siguiente: “Lo logramos. La reforma a la justicia ya es una realidad. Vamos a reducir la impunidad en el país con un nuevo instrumento jurídico”.
Motoa destacó el trabajo conjunto entre la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía.
“Esto fue un trabajo en conjunto con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Esta ley que lideré como ponente permitirá descongestionar el sistema, agilizar la aplicación de penas y recuperar la confianza en el poder judicial”, indicó el senador.
Qué plantea la reforma a la justicia
La reforma a la justicia que avanza en el Congreso plantea cambios sustanciales para enfrentar la ineficiencia del sistema judicial colombiano. De acuerdo con cifras oficiales, en 2022 apenas el 35% de las víctimas de delitos recibió una reparación económica.
El nuevo articulado busca duplicar ese porcentaje y llevarlo al 70% mediante la figura de la indemnización integral. Esta medida apunta a que en casos como homicidios culposos o lesiones personales, los agresores asuman directamente la reparación del daño causado.
En los escenarios donde no haya un acuerdo entre las partes, el fiscal tendrá la facultad de imponer una caución económica que garantice la restitución. Esta herramienta busca priorizar la reparación de las víctimas por encima de otras etapas del proceso, al tiempo que contribuye a reducir la duración de los juicios.
Otro eje central de la reforma es la promoción de la justicia premial. El proyecto plantea ampliar los beneficios penales para quienes reconozcan su responsabilidad y colaboren en el esclarecimiento de los hechos.
En esa línea, se fortalece el principio de oportunidad, que permitirá resolver ciertos casos sin necesidad de abrir un proceso penal formal, facilitando decisiones anticipadas y desjudicialización de casos de menor impacto.
El articulado también introduce modificaciones a figuras ya existentes como la colaboración eficaz y las pruebas anticipadas. En particular, se propone ajustar el artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, con el fin de que la persecución penal pueda ser suspendida si el investigado colabora de forma efectiva con la justicia. La intención es agilizar los procesos mediante acuerdos con los implicados.
En cuanto al rol de los jueces, la reforma redefine las funciones del juez de control de garantías. Según la propuesta, cuando los casos estén relacionados con la Corte Suprema de Justicia, las apelaciones deberán ser revisadas por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en lugar de recurrir a instancias menos especializadas.
El impacto esperado de la reforma es significativo. En 2023, el sistema judicial acumulaba más de 1,2 millones de procesos sin resolver, según el Consejo Superior de la Judicatura. Con estas medidas, el Ministerio de Justicia, Corte Suprema y Fiscalía proyecta reducir en un 30% la congestión judicial en los próximos cinco años.
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