
Sigue siendo blanco de polémica el decreto de la consulta popular, que nació debido a la negativa a la reforma laboral en la comisión Séptima del Senado, corporación que posteriormente revivió el proyecto y lo aprobó el 17 de junio, que será la única manera en que el presidente Gustavo Petro se baje de su iniciativa.
Petro volvió a defender la consulta y esta vez arremetió contra los medios de comunicación, debido a la posibilidad de que inicien acciones judiciales contra todos los ministros que firmaron el decreto, que por ahora está suspendido por fallo del Consejo de Estado y a la espera de la decisión de la Corte Constitucional sobre su legalidad.
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De otro lado, cabe recordar que el registrador Hernán Penagos anunció que no llamará a los ciudadanos a las urnas hasta que se verifique la viabilidad del decreto, lo que provocó la molestia del Gobierno nacional, al punto de que el mandatario lo calificó como “sedición”.
Petro volvió a cargar contra los medios
El decreto de la consulta popular ha provocado toda clase de reacciones en el país, desde un sector que sigue apoyando el anuncio a las urnas para votar 12 puntos que aparecieron en la reforma laboral, antes de ser archivada en marzo, y una buena parte que rechazó la iniciativa porque se votó en contra en el Senado.
Durante el 19 de junio, el presidente Gustavo Petro lanzó un duro comentario contra la emisora La FM, que publicó un artículo sobre la posibilidad de que los ministros que firmaron ese documento puedan ir a la cárcel, en caso de que la Corte Constitucional lo declare nulo en las próximas semanas.

“Le solicito al señor Ardila dejar de amenazar a mi gobierno. Si el decreto de Consulta popular es declarado nulo, simplemente queda nula la juridicidad que dio vida a la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución de 1991″, fue lo que escribió el jefe de Estado en su cuenta en la red social X.
Según el medio, la información fue entregada por la periodista D’arcy Quinn y menciona que todo comenzó con la decisión del Consejo de Estado, al suspender de manera provisional los alcances del decreto mientras se resuelve el caso en la Corte Constitucional, a donde el Gobierno envió el documento para validar su legalidad.

Pese a eso, todo se podría resolver después del 20 de junio, si se aprueba la reforma laboral en el Congreso, tras la conciliación en Senado y Cámara, pues el presidente Petro prometió que si se le daba el visto bueno a la mayoría del proyecto como se presentó, la sancionaba y retiraba la consulta popular.
La noticia de la discordia
Según la comunicadora D’arcy Quinn, durante su sección Los Secretos de D’arcy Quinn, la medida cautelar del Consejo de Estado solo es la punta del iceberg para un problema judicial con el gabinete del Gobierno nacional, pues la firma en el decreto le significaría una posible detención de las autoridades.
“El hecho de que un acto administrativo sea declarado ilegal acarrea implicaciones para quienes lo suscribieron, siempre y cuando se demuestre que el presidente y sus ministros eran conscientes de dicha ilegalidad”, decía el artículo, sobre la información entregada por la periodista, aunque no se ha confirmado totalmente.

Al parecer, el delito por el que los ministros irían a prisión es por prevaricato, “ya que existía un concepto negativo del Senado. También podría hablarse de abuso de función pública o incluso de usurpación de funciones, si se prueba que hubo extralimitación”.
“La situación es delicada. Creo que se salvan los ministros de Minas, Edwin Palma; de Ambiente; y la canciller Laura Sarabia, quienes no firmaron el decreto, pues lo hicieron sus viceministros. Ah, y también Luis Eduardo Montealegre, quien redactó el decreto, pero no se había posesionado en el cargo. En estos momentos, los ministros consultan abogados, encienden velas y hasta piensan en el asilo”, finalizó.
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