El Consejo de Estado de Colombia ha decretado la suspensión provisional del Decreto 0639 de junio de 2025, a través del cual el gobierno del presidente Gustavo Petro buscaba convocar a una consulta popular nacional sobre la reforma laboral.
De acuerdo con el auto emitido el 18 de junio de 2025, el decreto carecía del requisito esencial de aprobación previa por parte del Senado, establecido en el artículo 104 de la Constitución, lo cual ha derivado en acusaciones de violación constitucional y presunto prevaricato por acción.
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Según la denuncia presentada ante la Fiscalía General por la senadora María Fernanda Cabal, los 19 ministros que firmaron el decreto, al refrendar el acto administrativo del presidente, habrían incurrido deliberadamente en un acto contrario a la ley.
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En su denuncia se establece que los ministros, como coautores del decreto, incumplieron los procedimientos legales.
“Quienes participaron en esta irregularidad deben responder por sus actos ante la justicia”, afirmó Cabal en el documento enviado a la Fiscalía.
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El decreto objeto de controversia, firmado el pasado 11 de junio, planteaba someter a votación popular doce preguntas sobre varios aspectos de la reforma laboral.
No obstante, según lo expuesto en los documentos oficiales, el 14 de mayo de 2025 el Senado negó el concepto favorable necesario para llevar a cabo esta consulta, decisión que debía haber impedido la posterior expedición del decreto.
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El Consejo de Estado explicó que “al desconocer el mandato constitucional del artículo 104, el Decreto 0639 violó flagrantemente la separación de poderes y el Estado de Derecho”.
En su denuncia, Cabal argumenta que el acto no solo fue ilegal, sino que afectó gravemente el equilibrio institucional del país.
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El artículo 413 del Código Penal colombiano, que tipifica el delito de prevaricato por acción, establece que los servidores públicos que emitan resoluciones contrarias a la ley pueden enfrentar penas que incluyen prisión, multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas, en un periodo que puede extenderse hasta los 144 meses.
La base legal en la que se sustenta la denuncia reside en la responsabilidad que recae sobre los ministros al refrendar los actos presidenciales, tal como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política de Colombia.
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Por lo tanto, el argumento central de Cabal radica en que el conocimiento previo del requisito legal no exime a los firmantes del decreto de incurrir en responsabilidad penal.
Entre los funcionarios acusados se encuentran ministros al frente de carteras clave del gobierno, como el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas, el ministro del Interior Armando Benedetti Villaneda, y el ministro de Minas y Energía José Luciano Sanín Vásquez, entre otros.
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El documento detalla que las notificaciones judiciales pueden ser dirigidas a los correos electrónicos oficiales de cada ministerio, asegurando que la denuncia incluya procedimientos administrativos claramente trazados.
La resolución del Consejo de Estado también incluyó especificaciones sobre la naturaleza jurídica del delito de prevaricato, subrayando que este no admite formas básicamente culposas, lo que implica que debe probarse la intencionalidad detrás del acto.
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Según una sentencia previa citada en la denuncia, emitida por la Corte Suprema de Justicia, “el delito de prevaricato por acción requiere demostrar que el autor actúa con pleno conocimiento de que vulnera la ley y lo hace de manera deliberada”.
Cabal solicitó a la Fiscalía que se inicie formalmente una investigación contra los ministros firmantes del Decreto 0639, exigiendo claridad y celeridad en el esclarecimiento de los hechos.
Además, subrayó que el proceso debe sentar un precedente significativo en la defensa del Estado de Derecho y del cumplimiento estricto de las funciones públicas bajo la ley.
El caso representa un desafío crítico para el gobierno de Gustavo Petro, que ha enfrentado múltiples controversias relacionadas con la legalidad de sus decretos y propuestas legislativas.
Según el Consejo de Estado, “la preservación de la separación de poderes es un principio esencial que garantiza el correcto funcionamiento institucional”. Por su parte, la opinión pública sigue atenta al avance de las investigaciones, mientras se espera una respuesta oficial del gobierno.
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