El Consejo de Estado de Colombia ha decretado la suspensión provisional del Decreto 0639 de junio de 2025, a través del cual el gobierno del presidente Gustavo Petro buscaba convocar a una consulta popular nacional sobre la reforma laboral.
De acuerdo con el auto emitido el 18 de junio de 2025, el decreto carecía del requisito esencial de aprobación previa por parte del Senado, establecido en el artículo 104 de la Constitución, lo cual ha derivado en acusaciones de violación constitucional y presunto prevaricato por acción.
PUBLICIDAD
Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía General por la senadora María Fernanda Cabal, los 19 ministros que firmaron el decreto, al refrendar el acto administrativo del presidente, habrían incurrido deliberadamente en un acto contrario a la ley.
En su denuncia se establece que los ministros, como coautores del decreto, incumplieron los procedimientos legales.
“Quienes participaron en esta irregularidad deben responder por sus actos ante la justicia”, afirmó Cabal en el documento enviado a la Fiscalía.
El decreto objeto de controversia, firmado el pasado 11 de junio, planteaba someter a votación popular doce preguntas sobre varios aspectos de la reforma laboral.
PUBLICIDAD
No obstante, según lo expuesto en los documentos oficiales, el 14 de mayo de 2025 el Senado negó el concepto favorable necesario para llevar a cabo esta consulta, decisión que debía haber impedido la posterior expedición del decreto.
El Consejo de Estado explicó que “al desconocer el mandato constitucional del artículo 104, el Decreto 0639 violó flagrantemente la separación de poderes y el Estado de Derecho”.
En su denuncia, Cabal argumenta que el acto no solo fue ilegal, sino que afectó gravemente el equilibrio institucional del país.
El artículo 413 del Código Penal colombiano, que tipifica el delito de prevaricato por acción, establece que los servidores públicos que emitan resoluciones contrarias a la ley pueden enfrentar penas que incluyen prisión, multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas, en un periodo que puede extenderse hasta los 144 meses.
PUBLICIDAD
La base legal en la que se sustenta la denuncia reside en la responsabilidad que recae sobre los ministros al refrendar los actos presidenciales, tal como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política de Colombia.
Por lo tanto, el argumento central de Cabal radica en que el conocimiento previo del requisito legal no exime a los firmantes del decreto de incurrir en responsabilidad penal.
Entre los funcionarios acusados se encuentran ministros al frente de carteras clave del gobierno, como el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas, el ministro del Interior Armando Benedetti Villaneda, y el ministro de Minas y Energía José Luciano Sanín Vásquez, entre otros.
PUBLICIDAD
El documento detalla que las notificaciones judiciales pueden ser dirigidas a los correos electrónicos oficiales de cada ministerio, asegurando que la denuncia incluya procedimientos administrativos claramente trazados.
La resolución del Consejo de Estado también incluyó especificaciones sobre la naturaleza jurídica del delito de prevaricato, subrayando que este no admite formas básicamente culposas, lo que implica que debe probarse la intencionalidad detrás del acto.
Según una sentencia previa citada en la denuncia, emitida por la Corte Suprema de Justicia, “el delito de prevaricato por acción requiere demostrar que el autor actúa con pleno conocimiento de que vulnera la ley y lo hace de manera deliberada”.
PUBLICIDAD
Cabal solicitó a la Fiscalía que se inicie formalmente una investigación contra los ministros firmantes del Decreto 0639, exigiendo claridad y celeridad en el esclarecimiento de los hechos.
Además, subrayó que el proceso debe sentar un precedente significativo en la defensa del Estado de Derecho y del cumplimiento estricto de las funciones públicas bajo la ley.
El caso representa un desafío crítico para el gobierno de Gustavo Petro, que ha enfrentado múltiples controversias relacionadas con la legalidad de sus decretos y propuestas legislativas.
Según el Consejo de Estado, “la preservación de la separación de poderes es un principio esencial que garantiza el correcto funcionamiento institucional”. Por su parte, la opinión pública sigue atenta al avance de las investigaciones, mientras se espera una respuesta oficial del gobierno.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Capturan a ciudadano británico que andaba con pistola y silenciador en el Parque Lleras de Medellín: había sido condenado por estupefacientes pero tenía libertad condicional
Las autoridades establecieron que el detenido tenía una sanción migratoria por exceder el tiempo autorizado de permanencia en Colombia y era requerido por la Policía de Gwent, Gales
El colombiano Yeison López sigue haciendo historia: Campeón y récord mundial en arranque en el Mundial de Levantamiento de Pesas en China
El levantador chocoano quedó segundo en la clasificación general del Mundial de Ningbo, donde el chino Jiangqing Lei completó el podio con una suma de 382 kilogramos en la categoría de 85 kg
Caso Zulma Guzmán: revelan registros de ingreso de la mujer en el club El Nogal antes y después del caso de envenenamiento con talio
La bitácora consigna visitas de la investigada el 11 y el 26 de marzo, además de cuatro apariciones durante abril, cuando las víctimas permanecían agonizantes por la intoxicación causada por el tóxico
Chontico Día resultados de hoy lunes 2 de noviembre, esta fue la jugada ganadora
Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia
Más de 500 indígenas en Chocó tuvieron que salir de sus territorios por temor a los grupos armados: Defensoría del Pueblo pide garantías
Habitantes de Villa Nueva llegaron al corregimiento de Jurubidá, en el municipio chocoano de Nuquí, después de abandonar sus viviendas, mientras la entidad pidió asistencia urgente y protección para otras poblaciones
