Así cuestiona la OMC el modelo económico de Colombia, extractivismo, concentración y promesas incumplidas

Colombia lleva años hablando de una transformación económica, pasar de una economía anclada en el extractivismo a una centrada en la innovación, la tecnología y el comercio de servicios. Sin embargo, según un examen de políticas comerciales elaborado por la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ese cambio sigue siendo más un discurso que una realidad concreta.

El informe, que abarca el periodo 2018–2024, es decir, desde el mandato del expresidente Iván Duque hasta los dos primeros años del Gobierno de Gustavo Petro, advierte que no hubo modificaciones sustanciales en la política económica ni en la estrategia comercial del país. Aunque los planes oficiales reiteran el propósito de diversificar la matriz productiva y exportadora, la práctica muestra que las exportaciones colombianas siguen altamente concentradas en bienes minero-energéticos.

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Carbón, petróleo, derivados, piedras y metales preciosos representaron más del 60% de las exportaciones totales durante el periodo analizado. Los productos agrícolas, como el café, el banano y las flores, ocuparon una segunda línea, sumando el 64,7% de las exportaciones agropecuarias en 2023. A pesar de los anuncios de impulso a sectores no tradicionales, las cifras muestran que la economía continúa atada a los recursos naturales.

En paralelo, las importaciones tampoco mostraron señales claras de diversificación. De acuerdo con las autoridades nacionales, cerca del 50% de las compras externas son bienes intermedios e insumos dirigidos a fortalecer el aparato industrial. No obstante, esto no resulta en una mayor participación en cadenas globales de valor, ni impulsa nuevos motores económicos con suficiente fuerza.

Otro punto que subraya la OMC es la estructura del comercio exterior colombiano, aún muy concentrada en pocos socios estratégicos: Estados Unidos, China y la Unión Europea siguen siendo los principales destinos y orígenes comerciales. Esto limita la resiliencia del país frente a variaciones geopolíticas o económicas globales.

La OMC también examinó la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, adoptado por Colombia en 2018. Aunque se propusieron reformas para simplificar trámites aduaneros, muchas de ellas siguen en fase de transición y dependen de la modernización de sistemas informáticos. El objetivo de estas medidas es reducir tiempos y costos logísticos, y mejorar el control contra el contrabando.

Sin embargo, los resultados aún son débiles. En 2022, los costos comerciales de Colombia fueron 1,4 veces mayores que los de las economías grandes del mundo. Las razones detrás de esta desventaja son múltiples, mala infraestructura, regulaciones duplicadas, falta de articulación entre agencias gubernamentales y servicios logísticos deficientes.

Sobre la inversión extranjera, el informe destaca que aunque se hicieron esfuerzos por atraer capital a sectores estratégicos distintos al extractivo, los flujos de inversión siguen dominados por la minería y los hidrocarburos. La OMC advierte que esto “exacerba la vulnerabilidad de la economía colombiana, en particular dada su fuerte dependencia de las industrias extractivas en un contexto internacional de transición hacia una matriz energética menos dependiente de los hidrocarburos”.

El organismo sugiere que Colombia podría reducir sus riesgos macroeconómicos si diversificara de forma efectiva su economía. Aumentar la inversión en energías renovables, promover sectores no tradicionales y adoptar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático son parte de las recomendaciones.

También se menciona que los beneficios tributarios otorgados a través de programas como las zonas francas y el Plan Vallejo, que eximen de aranceles, IVA e impuesto sobre la renta, pueden estar contribuyendo a la limitada capacidad de recaudo fiscal en materia comercial.

Además, el informe no pasa por alto los problemas institucionales internos. Una de las prácticas más sancionadas entre 2018 y 2024 fue la colusión en procesos de contratación pública. Las prácticas anticompetitivas siguen siendo un obstáculo para el fortalecimiento del entorno empresarial.