La Fiscalía acusó a Carlos Ramón González de desviar millones en contratos públicos e insistió en pedir cárcel para el exdirector del Dapre: tribunal aplazó la decisión

El futuro judicial de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se encuentra en manos del Tribunal Superior de Bogotá.

El exfuncionario enfrenta cargos por cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, en el desarrollo de un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Carlos Ramón González habría participado en un entramado de corrupción que incluyó el desvío de recursos públicos y el pago de sobornos a congresistas.

Según el ente acusador, el exdirector del Dapre habría gestionado la permanencia de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, en su cargo, a pesar de una suspensión ordenada por la Contraloría en diciembre de 2023.

Esta decisión habría sido ratificada por el presidente Gustavo Petro, pero López continuó en el puesto tras presuntamente pagar coimas a congresistas, gestiones que, según la Fiscalía, se habrían coordinado desde la Casa de Nariño.

Uno de los puntos clave de la investigación es una reunión que, según el fiscal delegado Gabriel Ramón Jaimes, tuvo lugar el 25 de septiembre de 2023 en el Hotel Tequendama.

En este encuentro, Olmedo López habría acordado con la entonces consejera presidencial Sandra Ortiz y el presidente del Senado, Iván Name, el pago de sobornos relacionados con la adjudicación de contratos direccionados desde la Ungrd.

La Fiscalía sostiene que estas acciones se realizaron bajo las instrucciones de González.

El caso también involucra el presunto desvío de al menos 4.000 millones de pesos provenientes de un contrato de carrotanques destinados a suministrar agua potable a comunidades de La Guajira. Según las declaraciones de López, estos recursos habrían terminado en manos de los congresistas Iván Name y Andrés Calle. Este escándalo salió a la luz cuando López fue finalmente apartado de su cargo tras denuncias de sobrecostos y corrupción en la adquisición de los carrotanques.

Durante la audiencia, la defensa de González, liderada por el abogado Iván Cancino, rechazó las acusaciones, calificándolas de infundadas y basadas en testimonios poco confiables.

Cancino argumentó que Olmedo López, principal testigo de la Fiscalía, habría mentido para obtener beneficios judiciales, como un principio de oportunidad. Según el abogado, las pruebas presentadas por el ente acusador son inconsistentes y no cumplen con los requisitos legales para justificar una medida de aseguramiento.

“Por qué miente el único testigo, porque era la única manera de obtener un principio de oportunidad y un preacuerdo”, afirmó Cancino durante la audiencia de solicitud de cárcel de la Fiscalía en contra del exdirector del Dapre.

Cancino también cuestionó la acusación de lavado de activos, señalando que no existe evidencia suficiente para establecer un origen ilícito de los recursos involucrados.

“La Fiscalía ha basado esta imputación específicamente en la declaración de Olmedo López, le quiso a usted tratar de decir que otros testigos que pueden hablar de las inferencias razonables, pero yo desde ya le advierto que ningún otro testigo en declaración o entrevista aportada pueda ser utilizada para proceder a emitir una decisión por parte de su señoría dice nada de Carlos Ramón”, dijo Cancino.

En cuanto al delito de peculado, el abogado afirmó que no hay pruebas que vinculen directamente a González con el desvío de fondos. “Carlos Ramón jamás participó de un acto de corrupción”, aseguró Cancino durante la audiencia.

“Es muy raro que las sumas apropiadas, confesadas y reintegradas por todos los demás participantes pues no se hayan metido dentro de la orden, porque si yo soy un delincuente que encabezo una banda, le digo tengo que cumplirle a Calle y a Name, pues obviamente que también le voy a decir a mis cómplices tranquilos que para ustedes también hay algo, qué es lo algo, pues nada, porque obviamente la Fiscalía le cree a Olmedo toda una mentira que tiene todas las fracturas del mundo”, relató el abogado de Carlos Ramón González.

Por su parte, González, que salió del país el 2 de noviembre de 2024 y actualmente se encuentra en Nicaragua, ha negado todas las acusaciones. En una breve intervención durante la audiencia, el exfuncionario reiteró su inocencia y expresó su confianza en que el sistema judicial colombiano actuará con justicia.

“Lo que puedo decir es ratificar todos y cada uno de los argumentos expuestos por la defensa, ratificar mi inocencia frente a estos hechos y la terrible injusticia que se está cometiendo contra mi en este caso, de la cual hoy soy víctima y aspiro a obtener del sistema judicial colombiano la justicia necesaria, la justicias obvia para un caso como este”, dijo el exdirector del Dapre.

La fiscal María Cristina Patiño advirtió que la permanencia de González fuera del país demuestra una falta de intención de someterse al proceso judicial. Según la Fiscalía, esta situación podría derivar en una orden de captura internacional, que sería notificada a Interpol.

El juez encargado del caso ha programado una nueva audiencia para el jueves 3 de julio a las 9 a. m., en la que se espera que se tomen decisiones definitivas sobre la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía.

Mientras tanto, el caso sigue generando controversia y pone en el centro de atención las denuncias de corrupción en la gestión de recursos públicos en Colombia.